El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido este viernes que el compromiso del Gobierno vasco contra la corrupción es "firme, completo y permanente", al igual que el "respeto" que tiene a los procesos y procedimientos judiciales.

   Urkullu ha realizado estas declaraciones en el pleno de control al Gobierno vasco que se está celebrando en el Parlamento autonómico, en respuesta a una pregunta formulada por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, sobre la decisión de la Fiscalía de Álava de solicitar al juzgado la declaración de "quiebra fraudulenta" de la sociedad Afypaida, promotora del coche eléctrico Hiriko.

   Maneiro ha acusado al Gobierno vasco de actuar "de manera insuficiente y a regañadientes" en el 'caso Hiriko' y ha defendido que "tuvo que ser el Parlamento vasco" quien le instó a personarse en la causa. Asimismo, ha criticado que, "durante largos meses, el PNV y el Gobierno vasco negó que hubiera un fraude" y ha defendido que el 'caso Hiriko es "mucho más que un proyecto fallido, como lo ha calificado el Ejecutivo".

   "Ésta es la defensa por parte del PNV y del Gobierno vasco de los intereses particulares de determinadas personas afines al PNV", ha asegurado, para acusar a Urkullu de "defender a los suyos y perjudicar el interés general".

   El lehendakari ha defendido que el Gobierno vasco "ha actuado" y ha recordado que se ha personado en esta causa. Asimismo, ha criticado que Maneiro afirme que el proyecto Hiriko "solo sirvió para el enriquecimiento de determinados personajes y empresas muy ligados todos ellos al nacionalismo", ya que cree que, de esta manera, "oculta la sentencia --de Epsilon-- que niega esta afirmación".

   Asimismo, ha criticado que UPyD afirme que "el proyecto Hiriko, al igual que Epsilon, fue el otro gran sueño automovilístico del PNV". En este sentido, ha recordado que el proyecto también recibió subvenciones por parte del Gobierno central, que "cuenta con procedimientos administrativos rigurosos y profesionales para la concesión de este tipo de ayudas". "El Ministerio de Ciencia e Innovación no otorga subvenciones para dar respuesta a ningún sueño de nadie", ha insistido.

   Por todo ello, ha asegurado que el compromiso del Gobierno vasco contra la corrupción es "firme, completo y permanente", al igual que el respeto que tiene a los procesos y procedimientos judiciales.

'CASO DE MIGUEL '

   Por otro lado, el lehendakari también ha sido preguntado en el pleno por la decisión del Gobierno vasco de pedir  en el denominado 'caso De Miguel' una multa conjunta de cerca de 222.000 euros para siete de los 26 encausados en una presunta trama de cobro de comisiones ilegales y no penas de cárcel.

   El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha pedido explicaciones al Gobierno vasco sobre este asunto, reconociendo que, aunque la acusación particular no tiene por qué secundar la petición de penas de la Fiscalía, cree que "entre solicitar 458 años de cárcel y no pedir ninguno, hay mucha diferencia". "Resulta contradictorio, sino directamente opuesto, y no parece muy beligerante a la hora de defender los intereses de la ciudadanía", ha insistido.

   Asimismo, ha calificado de "extraño" que el Gobierno se persone como acusación en un proceso "si, luego, no se acusa, salvo que se quiera aparentar que se hace cuando luego no se hace".

   "Ha perdido usted señor lehendakari, una oportunidad de despejar dudas y desmarcarse de verdad de cualquier actuación ilícita", ha señalado, para afirmar que, tras escuchar al Gobierno, tiene "la certeza absoluta" de que la afiliación política --al PNV-- de los encausados "tienen mucho que ver con la posición política del Gobierno vasco".

   Urkullu no ha contestado a la pregunta del PSE-EE, sino que lo ha hecho el consejero de Justicia, Josu Erkoreka, quien ha defendido que "las instrucciones políticas son irrelevantes a la hora de actuar frente a los Tribunales de Justicia".

   "Ni por sacar más pecho se respira mejor, ni por cargar las tintas en la acusación se defiende mejor, y con más eficacia y garantía, el interés público de reparar el daño que eventualmente hayan podido causar a la Hacienda general del País vasco los gastos que un tribunal pueda considerar ilegales al término de un  procedimiento tramitado con todas las garantías", ha indicado.

   Erkorkeka ha señalado que la personación del Gobierno vasco en este caso está encaminada "a la recuperación de los fondos públicos que el tribunal competente declare que fueron indebidamente abonados, así ha sido desde el principio y ahora". "No habrá ni un solo céntimo de euros que una sentencia judicial sostenga que fue indebidamente abonado, que no vaya a ser reclamado por el Gobierno vasco", ha zanjado.