La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la querella contra cinco exministros, otros dos ex altos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, tras descartar cualquier delito penal en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor, en Castellón.
En un auto conocido hoy, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adopta la versión de la Fiscalía y desestima la querella al considerar que la obra no responde a una idea "aislada ni peregrina" sino que se debió a una política previamente planeada desde 2002, antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos.
La juez añade que "tampoco parece que la actuación estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración, adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley", sino que fue "razonada y documentada".
Según el auto, de la querella no se desprende que las resoluciones adoptadas durante las distintas fases del proyecto -que firmaron los querellados- se dictaran al margen del procedimiento establecido.
La juez señala que la actuación de los querellados puede ser discutida jurídicamente, pero recuerda que las discrepancias fueron resueltas por la vía contencioso-administrativa.
De esas resoluciones -añade- no se desprende que la actuación de los querellados fuera arbitraria.
Según la juez, lo que se puso de manifiesto es la complejidad del problema y la falta de doctrina jurisprudencial pero "en ningún caso" que las resoluciones impugnadas "adolecieran de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa".
Por ello, señala el auto, no puede estimarse cometido el delito de prevaricación.
Del mismo modo, subraya la juez, no pueden estimarse cometidos los delitos de malversación y fraude a la Administración, al no desprenderse de la querella que los querellados hayan quebrantado sus deberes.
Presentada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans, la querella se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, titular de Fomento, y Elena Espinosa, de Agricultura; así como contra José Manuel Soria (PP), por su etapa en Industria.
Interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación, se extendía además contra el presidente de Escal UGS -concesionaria del proyecto-, Recaredo del Potro; Florentino Pérez, por la participación del 60 % que tenía ACS; el ex secretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto, y el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, del PP.
