El Ministerio del Interior ha iniciado el proceso de privatización de la seguridad exterior en varios centros penitenciarios entre los que se encuentra la cárcel de Huelva (además de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca y Castellón), según ha podido saber el sindicato CSI-F. Tanto el Ministerio como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han negado a la Central Sindical esta información pero la organización asegura que tiene constancia, a través de fuentes indirectas, de que la seguridad de los centros penitenciarios mencionados ha sido adjudicada a la empresa Ombuds.
De hecho, vigilantes de seguridad que prestaban sus servicios en el País Vasco ya han sido contactados para realizar estas labores. CSI-F teme que, en principio, éste sea el primer paquete de una serie de adjudicaciones más amplias en las que participarán otras empresas. En este sentido, José Miguel Huertas, delegado de CSI-F en la cárcel de Huelva, asegura que “una vez más el Ministerio del Interior subestima la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vulnerando sistemáticamente el Reglamento Penitenciario donde se recoge de forma expresa que la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a este cuerpo de seguridad”.
Siguiendo con este argumento, la Central Sindical subraya que el Estatuto Básico del Empleado Público establece específicamente que “al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia del interés general del Estado y de la Administraciones Públicas”.
Ignorando esta normativa -lamenta José Miguel Huertas- Instituciones Penitenciarias comenzará en breve en el centro penitenciario onubense la sustitución de agentes de la Guardia Civil por empleados de empresas privadas para hacerse cargo de la seguridad exterior.
Estos vigilantes realizarán tareas de control de accesos, supervisión de cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión) y vigilancias perimetrales de las instalaciones. Para ello deberán realizar un curso en un centro homologado de al menos diez horas de duración que también habilita para vigilar dependencias de seguridad como cuarteles militares o centros policiales.
Huertas tacha esta medida de “irresponsable” y la considera como un primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios. Asimismo, teme que detrás de esta operación existan “intereses poco transparentes” teniendo en cuenta que los costes retributivos son superiores a los de Guardia Civil, cuya formación requiere de años de preparación. “Hay que tener en cuenta, además, que las garantías disuasoria, preventiva y de autoridad que representa la Guardia Civil no se pueden equiparar a cualquier otro sistema”, explica el delegado de CSI-F en la prisión.
Por último, el sindicato recuerda que el sistema penitenciario constituye, entre otros, uno de los principales instrumentos para hacer frente a las amenazas y riesgos para la seguridad procedentes, especialmente, del terrorismo y de la delincuencia organizada; por este motivo, estas potestades deberían ejercerse siempre por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
