El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo acompañado por los responsables provinciales de la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y del Cuerpo Nacional de Policía han presentado esta mañana la “Operación Chatarra”, fruto de la colaboración entre los mencionados organismos de la Administración Periférica del Estado.

La Policía Nacional detiene a setenta y siete personas por fraude a la Seguridad Social, falsedad documental y estafa. Tres de los detenidos habían creado empresas que no desarrollaban actividad laboral alguna simulando mantenerla con trabajadores, para la obtención indebida de prestaciones de la Seguridad Social. Los “trabajadores” pagaban a un falso gestor que gestionaba las tres empresas entre 250 y 450 euros. Las detenciones se han practicado en Jaén, Úbeda, Córdoba, Lucena, Puente Genil, Baena, Benalmádena y Palma de Mallorca.  En la provincia de Jaén, el número total de detenidos asciende a 68 individuos.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha apuntado que en España y en la provincia de Jaén “estamos atravesando un momento económico difícil y no podemos aguantar que haya gente que defraude mediante artimañas y pillerías que no sólo perjudican a las arcas del Estado sino a todos los españoles honestos".

Las investigaciones se iniciaron a finales del mes de agosto, cuando cinco personas intentaron financiar unas compras en unos grandes almacenes, aportando nóminas dudosas de tres empresas diferentes. Los investigadores analizaron la documentación presentada, identificando a los cinco individuos que pretendían estafar al centro comercial, así como a los tres supuestos empresarios, los cuales, se servían de dos colaboradores e intermediarios que captaban a los “trabajadores” y de un falso gestor, nexo común entre las tres empresas.    

Continuando la investigación, se solicitó a la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén y a la Inspección Provincial de Trabajo, toda la información disponible, tanto de las empresas como de sus trabajadores. Debidamente analizada, los investigadores confirmaron sus sospechas iniciales; las tres empresas eran ficticias, sin operatividad alguna, presuntamente creadas con el único fin de dar de alta en la Seguridad Social a supuestos trabajadores para acumular tiempo cotizado y de esta manera poder cobrar fraudulentamente, prestaciones de desempleo, subvenciones y cualquier tipo de ayuda estatal.

El importe económico defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social sobrepasa los cien mil euros, pues los falsos empresarios no abonaban las cotizaciones de los supuestos “trabajadores”, faltando por determinar lo defraudado a la Agencia Tributaria y el total de las prestaciones de desempleo cobradas fraudulentamente por los “trabajadores”.

Las investigaciones se han realizado por parte de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Jaén dentro del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Tesorería de la Seguridad Social y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social