El Pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este viernes, con los votos del PP --que gobierna con mayoría absoluta-- y el rechazo de PSOE e IU, modificar su plan de ajuste con la incorporación de nuevas medidas para beneficiarse de las condiciones ofertadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a consistorios en dificultades económicas para flexibilizar la devolución de los créditos concedidos a través del plan de pago a proveedores.
En concreto, según ha recordado en el debate plenario el teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, el Ayuntamiento, dada la "grave situación financiera" en la que se encuentra, ha solicitado una ampliación del periodo de amortización a 20 años --frente a los diez actuales-- del crédito concedido y del de carencia en dos años más, además de una rebaja del tipo de interés.
El edil ha defendido el nuevo "guiño" que, en su opinión, ofrece el Gobierno a los ayuntamientos ofreciendo la posibilidad de flexibilizar las condiciones de devolución de los créditos del plan de pago a proveedores, un "plan de empleo", en sus palabras, que contó "con el voto en contra de PSOE e IU", pero que ha permitido al Consistorio abonar facturas pendientes de pago, "en su mayoría procedentes del anterior equipo de gobierno", de socialistas e IU.
Desde entonces, según ha abundado Contreras, el equipo de gobierno "ha seguido ahondando en medidas de austeridad", lo que, según ha puesto a modo de ejemplo, le ha permitido reducir en "casi ocho millones de euros" su gasto en concepto de personal desde 2009.
Respecto a las nuevas medidas de ajuste va a trasladar al Ministerio de Hacienda como anexo al plan ya aprobado en su momento para adherirse al mecanismo de pago a proveedores, el concejal de Hacienda ha defendido que el gobierno local "no va a despedir a personal", pero sí va a "negociar con las concesionarias" de servicios y "no va a financiar servicios que son competencia de la Junta de Andalucía".
En concreto, se ha referido al caso de la ayuda a domicilio vinculada a la Ley de Dependencia, pendiente, como ha recordado, de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Jaén, que espera que sea "favorable" para el Ayuntamiento, si bien ha avanzado que si no es así, el gobierno local "no firmará un convenio con la Junta que no suponga un coste cero" para las arcas municipales del mantenimiento de una "competencia delegada", según ha recalcado.
Por eso, el plan de ajuste renovado no contempla "el ingreso y el gasto" que para el Ayuntamiento supone dicho servicio, que el Consistorio "no va a seguir financiando porque es competencia de la Junta", según ha apuntado Contreras, que ha agregado que también va a exigir al Consorcio Metropolitano de Transportes que el mantenimiento del servicio que éste ofrece suponga también "coste cero" para la Administración local.
EL PSOE RECHAZA LAS CONDICIONES DE HACIENDA
Por su parte, el concejal socialista Juan Carlos Rodríguez Cohard ha manifestado que lo que su grupo municipal rechaza no son las medidas de flexibilidad que ofrece el Ministerio, que "siempre ha apoyado" y que le parecen "estupendas", sino las "condiciones específicas" que marca Hacienda para beneficiarse de las mismas.
Por eso, según ha confirmado, el PSOE vota que 'no' a aceptar la "condicionalidad específica" que implica acogerse a esas medidas, recogidas en los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Real Decreto-ley 8/2013, que, según ha detallado, implica, entre otras cuestiones, "financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y servicios públicos", así como el que "no se podrán aplicar tipos de gravámenes reducidos".
"Es lo que pone el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es un augurio del Grupo municipal Socialista", según ha enfatizado Rodríguez Cohard, que ha tachado de "inaceptables" ese tipo de medidas, y que además ha señalado que el Ministerio de Hacienda, en un escrito remitido a finales del pasado mes de marzo al Ayuntamiento, advertía de que las medidas del último plan de ajuste no eran "suficientes".
En ese sentido, el concejal socialista, que considera que el Ayuntamiento está en "un callejón sin salida", ha explicado que si el Gobierno aprueba el nuevo plan de ajuste pero éste no se cumple, el Consistorio "queda obligado a someter a informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda los presupuestos de los cinco años siguientes", lo que implica la "pérdida de la autonomía municipal".
IU VE UN "FRAUDE" EL PLAN DE AJUSTE
La portavoz municipal de IU, Isabel Mateos, ha calificado de "fraude" el plan de ajuste promovido por el gobierno local, que viene a "revisar los planes de ajuste anteriores" dando a entender que "esas medidas no son creíbles, porque se vienen incumpliendo en todas las revisiones que trimestralmente se hacen del mismo", algo de lo que su grupo político "se alegra", porque, en su opinión, el cumplimiento de las mismas generaría "más pobreza" para la ciudad.
Y es que, según Mateos, el PP ha convertido la "austeridad" en "sinónimo de pobreza", y desde que gobierna la ciudad la "desigualdad" ha crecido en Jaén. Así las cosas, ha pedido que "se lea la letra pequeña del plan de ajuste", que incluye, según ha puesto como ejemplo, "una reducción del coste del servicio de aguas de un tres por ciento hasta 2018 y un incremento de la recaudación vía tasas en un cuatro por ciento", así como la negociación de "un nuevo convenio" con la Junta en materia de ayuda a domicilio que "se ajuste a la realidad económica".
"¿Quiénes van a pagar el pato?", se ha preguntado la portavoz de IU, que teme que sean "los más vulnerables" quien sufran las consecuencias de las nuevas medidas de un plan de ajuste que "ojalá no se lleve a cabo, porque de llevarse a cabo, generará más pobreza y más desigualdad", según ha enfatizado.
El concejal de Hacienda, Miguel Contreras, ha replicado culpando al anterior equipo de gobierno de PSOE e IU de subir el precio del agua con el convenio firmado en el año 2010 con Aqualia, en el que "se comprometían a subir hasta un 20 por ciento" el coste del servicio, así como a criticar a la Junta de Andalucía por no conceder "ayudas a los ayuntamientos" al contrario de lo que, a su juicio, hace el Gobierno central, y que además "roba" al Consistorio dinero a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad (Patrica).
Así las cosas, el PP ha aprobado en solitario, con los votos en contra de PSOE e IU, aceptar las condiciones establecidas en los citados artículos del Real Decreto-ley 8/2013 y la aprobación de un nuevo plan de ajuste, revisando el que había, para acogerse a las nuevas medidas para la devolución del crédito del plan de pago a proveedores.
En cambio, PP y PSOE han coincidido en votar a favor de las propuestas para que el Ayuntamiento se adhiera al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado y del compromiso de sustitución inmediata de al menos un 30 por ciento de las autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables. IU se ha abstenido en ambos puntos.
