La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha firmado ya con la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) el contrato de suministro e instalación de la sala de control de tráfico de la nueva Jefatura de la Policía Local, cámaras de lectura de matrículas y de control de tráfico y control de carga y descarga.

El importe del contrato asciende a 829.999 euros (IVA incluido), contando con financiación de la Unión Europea (UE).

Este contrato tiene como objetivo poner a la ciudad en disposición de incorporar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE),  cumpliéndose así lo dispuesto en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a restringir las emisiones en un área concreta de la ciudad antes de la finalización de 2023.

Las cámaras que van a ser instaladas en virtud de este contrato permitirán identificar a los vehículos que circulen por los lugares reservados a residentes y autorizados, habilitándose además un mecanismo de notificación inmediato a la Policía Local que agilizará la tramitación de las correspondientes sanciones.

El Ayuntamiento de Jerez no ha definido todavía las calles por las que no se podrá circular salvo autorización expresa, si bien el Plan de Movilidad Urbana Sostenible ya advertía de la necesidad de acabar con un modelo de circulación isótropo en el que “todos los vehículos pasan por todos los sitios”, lo que viene propiciando “tráficos de paso oportunistas que alteran la tranquilidad de los barrios”.

En el caso del centro histórico, parece evidente además que el progresivo desarrollo del concepto de plataforma única va a terminar otorgando prioridad al peatón sobre el vehículo.

Se parte de la base de que la ciudad de Jerez cuenta en la actualidad con un parque móvil de casi 148.000 vehículos, habiendo experimentado un crecimiento del 61 por ciento en la última década.

De hecho, “sólo la crisis ha provocado que en el último año el parque móvil haya descendido un discreto 0,11 por ciento”. Así, ante “tal crecimiento vehicular y peatonal” el Ayuntamiento requiere de “una adaptación” del tráfico que asegure a los ciudadanos “una movilidad tecnológicamente controlada y con proyección a futuro”.

El Gobierno local se trazó meses atrás el objetivo de que estas cámaras de control del tráfico pudieran empezar a funcionar en pruebas a lo largo del próximo mes de junio.