El Pleno Ordinario previsto para ayer lunes por la mañana prometía polémica tras las últimas afirmaciones realizadas por el PSOE. La insistencia de su secretario local, Juan Carlos Ruiz Boix, con respecto a la supuesta falta de legitimidad del alcalde, Fernando Palma, para pasar los plenos a las 9.00 horas, bajo la afirmación de que ello atentaba contra la participación ciudadana y su difusión, se tradujo, una vez iniciada la sesión, en una amenaza de impugnación de los acuerdos que se fuesen a alcanzar.
La razón es bien sencilla, y se basa en el principio de que la periodicidad y señalamiento de los plenos sólo puede modificarse, en el caso de ser éstos ordinarios, por el propio pleno, lo que para Ruiz Boix suponía la “ilegalidad” de la sesión de ayer.
Tras escuchar esta advertencia, el alcalde, Fernando Palma, ordenó un receso y tuvo lugar una reunión de los portavoces de los grupos. Finalmente, se acordó suspender la sesión.
Está prevista la convocatoria de una Comisión Informativa para la semana que viene, donde se incluirá el orden del día del pleno suspendido, los puntos de urgencia y algunos más. Tras esta Comisión Informativa se convocará un Pleno Extraordinario la próxima semana.
Desde hace unos meses, los plenos ordinarios se celebran el último martes de cada mes a partir de las 19.00 horas. Sin embargo, se decidió trasladar esta sesión plenaria al lunes a las 9.00 horas para no coincidir con las procesiones de Semana Santa. Todos, salvo el PSOE, mostraron su conformidad con el cambio de fecha y hora, tanto en comisiones como en la Junta de Portavoces, según indicaron desde el Consistorio.
Sin respuesta
Ruiz Boix había indicado, según el Consistorio, que cuando se le informó del cambio de fecha y hora no los consideró convenientes, y sugirió otras dos fechas alternativas, las cuales no habían recibido respuesta. El Orden del Día constaba de 28 puntos, entre ellos la adjudicación del servicio de grúas, la liquidación del Presupuesto de 2009, la adaptación al euro del precio público por el uso del Pinar del Rey y varias ordenanzas urbanísticas.
Mayoral se lamentó por el hecho de que la suspensión del pleno supone no poder presentar el informe de evaluación del plan de saneamiento correspondiente al año 2009 antes de cumplirse el plazo para presentarlo al Ministerio de Hacienda, aunque se tratase sólo dar cuenta del mismo, ya que esto no es un trámite imprescindible para presentarlo.
PGOU
El secretario local del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, mostró su disconformidad con la decisión del alcalde, Fernando Palma, y el edil de Urbanismo, José Antonio Ledesma, de volver a encargar la redacción del PGOU a Luis Recuenco, “una tarea en la que ya fracasó en 2005 y que costó 1,1 millones de euros al Consistorio”.
Desde el punto de vista de Boix, resulta incongruente que se vuelva a asignar el trabajo a Recuenco, teniendo en cuenta que su trabajo “no contentó” al propio Ledesma y que Palma “rechazó”su labor en un encuentro de portavoces en 2007. Además, Boix pidió a Palma que detalle el “precio simbólico” que pagarán esta vez por el trabajo de Recuenco, y afirmó que es “totalmente imposible” que esté a final de año.
