“Jamás he firmado una resolución sin un informe técnico positivo sobre la mesa”. En estas palabras se resume el contenido de lo explicado por el ex alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, durante su declaración de ayer en relación con el llamado caso Roseworld, causa en la que se piden para él cuatro años de cárcel y ocho y medio de inhabilitación por prevaricación y cohecho pasivo.

Fiscal y acusación apuntan a Juárez, como presidente de la Mesa de Contratación, junto con el entonces coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; y los concejales Mari Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, como responsables de haber favorecido a la empresa Roseworld como adjudicataria de la urbanización de cuatro parcelas en La Colonia.

Juárez insistió en que los informes presentados por los técnicos eran favorables, pese a que, como advirtió el edil socialista Miguel Tornay, Roseworld contaba con un capital social de 3.000 euros -la concesión se dio por más de 12 millones- y pesaba sobre ella un posible proceso de disolución. Como aval, le bastó haber presentado una declaración jurada de solvencia y un documento bancario. Además, Roseworld se dedicaba al comercio textil. La perjudicada fue la empresa Promaga, descartándose su propuesta por no estar al día de los pagos al Ayuntamiento. El ex primer edil comentó que los informes que excluían a Promaga eran “taxativos” y que los incumplimientos “no eran subsanables”. No obstante, ignoró las advertencias de Tornay alegando que los datos que había presentado sobre Roseworld eran “sacados de internet”. Asimismo, negó que haya hablado con los técnicos “sobre que hubiese que excluir a uno u otro candidato”.

Juárez eludió responder a las preguntas de la acusación, la cual interrogó al acusado sobre las razones que le llevaron a unificar la oferta de las cuatro fincas en un solo proceso de enajenación.

La acusación incidió, además, en la participación de Juárez en el proyecto de revisión del PGOU, o si la designación de Ruiz Calama había sido de confianza.

Ruiz Calama negó en todo momento que favoreciese la designación de Roseworld ni que hubiese instado a los técnicos a que excluyesen la otra propuesta, reconociendo que “tenía relación con ellos porque coordinaba las actividades pero ellos no hubieran transigido en ese sentido”.

El ex coordinador, como administrador único de Lineatrans, vendió una parcela a Laxmi, regentada por el propietario de Roseworld, Anil Thakurdas, a través de un intermediario, por la cantidad de 1.700.000 euros más IVA.

Además, hizo una valoración personal comentando que fue “una desgracia para mi ciudad” que se abortase el proyecto con origen en la demanda, como ocurrió también “con el proyecto aeroportuario”.

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La acusación mantiene que esta venta se hizo a un precio superior al valor real bajo la condición de que Ruiz Calama favoreciese a Roseworld, para que después Abuztua Inversiones, perteneciente al grupo inmobiliario Lábaro, se hiciese cargo de la deuda y obtuviese los terrenos por dos millones de euros más.