Pocos derechos reales nos quedan a la ciudadanía, pero cuando se quiebra el derecho a ser tratado dignamente se ha cruzado una línea que permite llegar, y no en mucho tiempo, al genocidio. ¿Cómo creemos que comenzó la persecución a los judíos en la Alemania Nazi?
Pues con malas caras, malos gestos cuando pasaban por la calle, malas palabras, insultos, burlas, vejaciones públicas, hasta llegar a arremeter físicamente, primero con sus pertenencias, sus locales, sus sinagogas, sus hogares y luego… Luego la hecatombe, la masacre, el exterminio de hombres, niños, niñas, mujeres, de toda edad y condición.
A fuerza de aparecer casi cotidianamente en los medios de comunicación, no nos llaman la atención las repetidas anécdotas de agresiones verbales, malos gestos e incluso físicas, a empleadas y empleados públicos.
En hospitales, ambulatorios, centros sociales y educativos, en fin, en una multitud de lugares donde las personas al servicio de todas las ciudadanas y ciudadanos prestan sus servicios.
Y cuando esto ocurre las administraciones públicas, que son portadoras de la titularidad de los mismos, se encogen de hombros y remiten a la persona agredida a los tribunales, como si de una cuestión particular, privada, se tratara. Ejemplos cientos, uno de ellos muy cercano: Centro de Salud de San Roque no hace un mes.
Es frecuente, desgraciadamente muy frecuente, que las personas que trabajan al servicio de las administraciones públicas, los comités de empresa y juntas de personal, hayan venido reclamando a los políticos que sean las instituciones públicas donde se producen estas agresiones las que trasladen a la fiscalía al menos los hechos acaecidos por si fuese necesario depurar responsabilidades.
Pero esto no se produce y se llena la boca a algunos altos cargos de la administración autonómica, e incluso ministeriales, de que es imprescindible dignificar la tarea de las empleadas y empleados públicos. Es evidente que la primera medida para dignificar pasa por la defensa de la dignidad que aún queda y que cada vez es menos.
No habrá quien sostenga que cuando un ciudadano o ciudadana se desplaza a un servicio público y una empleada o empleado público le atiende, la relación que se produce entre ambas personas es privada.
Evidentemente no se encuentra en el ámbito de lo personal y por tanto cualquier agresión verbal o física no se produce entre particulares y no debe ser analizada jurídicamente como si de una falta se tratara. Ya que quien agrede a una persona que trabaja para el común de la ciudadanía, arremete contra un representante del común, aunque sea en una parcela concreta de los asuntos públicos.
Por ello urge que se regule el procedimiento por el que sean los responsables públicos de los establecimientos donde se producen las agresiones los que denuncien de oficio a la fiscalía y que además ésta tenga claro que la agresión supera el ámbito de lo particular y por tanto pueda tipificarla como delito.
