La Policía Nacional ha detenido a una joven de 29 años y residente en Jerez de la Frontera (Cádiz) como presunta autora de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documento mercantil, violación de correspondencia y revelación de secretos, tras apropiarse de más de 25.000 euros a través de tarjetas de crédito que solicitaba usurpando la identidad de terceras personas, las cuales desconocían los hechos hasta que les llegaban cargos a sus cuentas corrientes por créditos que ellos nunca habían solicitado.
En una nota, la Policía detalla que hasta el momento son nueve las personas afectadas, aunque la investigación sigue abierta a la espera de que se puedan sumar nuevos afectados.
La investigación se inicio a raíz de las denuncias interpuestas por los afectados, quienes comunicaron que les estaban llegando cargos a sus cuentas bancarias por gastos con tarjetas que expide una multinacional comercial que ellos nunca habían solicitado y por el uso de un dinero que ellos nunca habían disfrutado.
Los agentes del grupo de delitos contra el patrimonio de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez se hicieron cargo de la investigación para descubrir y detener a los presuntos responsables.
Las primeras pruebas obtenidas apuntaban a que la presunta autora se valió de los meses que pasó trabajando en el servicio financiero de una conocida cadena de venta de muebles para quedarse de forma ilícita con copia de la documentación aportada por las personas que querían financiar la compra de sus muebles, y que ella misma ayudaba a tramitar y gestionar.
Así, establecieron que la investigada forzaba los buzones de correos de sus propios vecinos para robarles la correspondencia y de esta manera poder hacerse con cuentas bancarias ajenas, lo que supuestamente aprovechaba para cargar los gastos de financiación de las cantidades de las que conseguía apropiarse.
Los investigadores han recabado datos que incriminan a la inculpada como la presunta autora de todos los hechos denunciados por las víctimas, la cual suplantaba presuntamente su identidad por la de los afectados para solicitar tarjetas de débito y crédito con las que conseguía que la ingresaran hasta 4.000 euros con cada operación fraudulenta.
Resalta que la investigación policial impidió que la empresa crediticia que expedía las tarjetas emprendiera acciones legales por impago contra los afectados, al demostrar que todos ellos eran ajenos al engaño y sólo meras víctimas de la arrestada, que fue puesta a disposición de la autoridad judicial.
