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Jerez

Piden el archivo de la pieza jerezana de la Gürtel por la prescripción del delito de prevaricación

La administradora de Correa señala que han pasado once años desde la adjudicación de contratos por el Ayuntamiento de Jerez

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La administradora de las empresas de la trama 'Gürtel', Isabel Jordán, ha pedido el archivo de la causa en la que se investiga la adjudicación a la red de Francisco Correa de tres contratos del Ayuntamiento de Jerez, con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004, argumentando que el delito de prevaricación que se le imputa ha prescrito.

   Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la trabajadora del entramado presuntamente corrupto solicita el "sobreseimiento libre y archivo" del procedimiento que se sigue contra ella y que se deje "sin efecto" la declaración como imputada a la que ha sido citada el próximo 29 de abril.

   Además de a Jordán, el juez José de la Mata interrogará como imputados ese día y el anterior a Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del Partido Popular (PP) Javier Arenas, y a otras cinco personas, entre los que se encuentran los presuntos cabecillas de la red Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo.

   Tras recordar que el delito de prevaricación prescribe a los diez años, la defensa de Jordán señala que la feria se celebró entre los días 28 de enero y 1 de febrero de 2004 y que el auto de imputación de su representada se dictó el 31 de marzo pasado. "Está claro que el supuesto delito de prevaricación habría prescrito y se habría extinguido la acción penal, pues han transcurrido más de once años", exponen sus abogados.

   En este sentido, añaden que "la prescripción de los delitos es una cuestión de orden público, de interés general y de política criminal, que puede ser proclamada de oficio o a instancia de parte en cualquier estado del procedimiento en que se manifieste con claridad la concurrencia de los requisitos que la definen y condicionan".

COMISIONES A CAMBIO DE CONTRATOS

   A los siete imputados se les atribuye un posible delito continuado de prevaricación por las "irregularidades" en la adjudicación de los contratos, que se firmaron durante la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa del municipio.

   El juez De la Mata interrogará el 28 de abril a Cuberos, exdirector de Comunicación del PP nacional y administrador único de la empresa Cuberos Comunicación, por "haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y las adjudicatarias, antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas de los contratos a cambio de una comisión".

   También comparecerá ese mismo día el director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez en 2004, José Agüera, que autorizó la firma de los contratos; y la funcionaria municipal Lourdes Montenegro, por su presunta "participación en la elaboración de la documentación" incorporada al expediente de adjudicación "en fecha posterior a la reflejada e incluso en fecha posterior a la presentación de los servicios contratados".

   Al día siguiente serán interrogados los dos presuntos cabecillas de la trama y sus empleados Isabel Jordán y Javier Nombela, los cuales habrían "participado en la elaboración de la documentación y firmado los respectivos contratos".

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