Otro nuevo repunte de incidentes en el botellódromo ha vuelto a poner en evidencia la falta de seguridad del  único espacio habilitado en Jerez junto al parque González Hontoria para beber alcohol en la calle tras la entrada en vigor de la ley ‘antibotellón’ en 2006.  A raíz de la disolución de varias reyertas, donde se vieron implicados menores, y la reciente detención de una banda juvenil de entre 15 y 20 años que atracaba a menores en las citadas explanadas, el debate vuelve a estar en la calle. ¿Cierre total o parcial?


A la familia de Jairo Gómez el menor fallecido en el botellódromo en julio de 2012 tras recibir cuatro puñaladas en una pelea, le toca muy de cerca lo que ocurra con estas instalaciones. Por ello, está al tanto de las últimas  “movidas”. “Nosotros pedimos desde el primer momento que se cerrara el botellódromo, puesto que ahí no hay medios; nunca los han puesto por mucho que digan. Sí, hay policías, pero están en el otro extremo, vigilando y haciendo controles y viendo si hay menores indocumentados y bebiendo alcohol. Ese botellódromo sólo da lugar a conflictos y desgracias. Ya ha habido más de un incidente, y de cierta gravedad, para haber cogido y haberlo cerrado. Si no tienen ese control, lo más conveniente es que se cierre”, señala Rocío Gómez, hermana del menor fallecido.


Rocío, como todos los jóvenes de su generación que “íbamos a hacer botellón al Parque de la Unión”, tiene claro que lo que falla no es el botellódromo en sí, sino que no funcione como debería. “Nosotros estamos a favor de que se cierre, no de que no haya un botellódromo o un espacio en el que los jóvenes se puedan reunir, porque todos hemos hecho botellón, pero ante este tipo de hechos (por los incidentes), hay que tomar medidas. Si no hay opción de controlar pues que no se den esos espacios, igual que antes cuando estabas de botellón los vecinos llamaban a la Policía y te tenías que ir. Seguimos pensando que el estar abierto solo va a dar lugar a desgracias , que ya ha habido alguna más aparte de la de mi hermano”, sentencia.

Precisamente, en el juicio por el caso de Jairo, cuyo autor fue condenado a cinco años de prisión por homicidio, el Ayuntamiento tuvo que responder como responsable civil subsidiario, y salió absuelto apuntando el fallo del magistrado a la carencia de “norma legal para apreciar una responsablidad civil directa”. No obstante, esto no impidió que en la  sentencia  se considerara como hechos probados que el dispositivo policial del Ayuntamiento “puede ser calificado de escaso e insuficiente” ante la “gran afluencia de jóvenes” pero, no por ello,  se apreciaba “relación de causalidad.


Por su parte, desde el propio Ayuntamiento piden consenso par a tomar una decisión al  haber “tanta gente implicada”, y aseguran que ya han mantenido dos reuniones con los partidos políticos sobre este asunto. Como ya pusieron de relevancia hace unos meses, en el caso de Jerez, al ser el Ayuntamiento el encargado de garantizar la seguridad en el botellódromo y la limpieza, el gasto municipal en seguridad se dispara a los 12.000 euros al mes, según datos difundidos en su día por el propio Consistorio.


Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, como ya ocurrió hace año y medio con varias peleas graves seguidas,  parece que ni el desembolso municipal es suficiente para garantizar la seguridad.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, por su parte, ha anunciado que los próximos presupuestos contemplarán una partida para actividades de ocio alternativas para los jóvenes. Un compromiso que no es nuevo y que ya salió a la luz en tiempos del anterior Gobierno municipal del PP, que cuestionó el botellódromo durante todo su mandato pero no tomó ninguna medida.

Cuatro agentes fijos de la Policía Local

 En cuanto al operativo policial, desde el 092 precisan que este fluctúa según la asistencia de jóvenes, que en la actualidad no es muy importante, por lo que hay cuatro agentes fijos para su control. A este dispositivo hay que sumar la colaboración de agentes “no uniformados” para poder detectar la presencia de menores. Se trata de un “servicio global de control” que llega incluso a la venta de alcohol a este colectivo en los establecimientos, aunque también reconocen que, salvo que se detecte algo, “no se puede pedir el DNI a todos los jóvenes y más en un espacio abierto”.