La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 6 de mayo el inicio de otro juicio contra la trama Gürtel, el relativo a las adjudicaciones presuntamente irregulares que el Ayuntamiento de Jerez concedió a favor de las empresas de Francisco Correa en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.
Esta vista oral, que se prevé que se alargue hasta principios de julio, será la cuarta pieza que la Audiencia Nacional juzgará contra la trama corrupta liderada por Correa, que ya se encuentra cumpliendo los 70 años de prisión que suman las condenas por otras piezas ya juzgadas, como la primera época de la trama Gürtel (51 años y 11 meses), la participación de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009 (13 años, que ya es firme por el Tribunal Supremo) y por la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (5 años y 3 meses). En este caso, el 'cabecilla' se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión.
El juez instructor José de la Mata dictó auto de apertura de juicio oral en enero de 2016, por el que sentó en el banquillo al líder de la trama, Francisco Correa, a su 'número dos', Pablo Crespo, y a dos de sus trabajadores, Isabel Jordán y Javier Nombela, todos ellos condenados también por la primera época de la trama Gürtel.
Se da la circunstancia que Crespo acumula también condenas por los mismos casos que su jefe; mientras que Isabel Jordán, que administró las empresas adjudicatarias, fue penada por el amaño de los contratos de la administración valenciana en relación a la feria de turismo.
Por las tres presuntas adjudicaciones irregulares en el consistorio jerezano, cuyo importe total suman 355.391 euros, también serán juzgadas dos interventoras municipales; el por entonces director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC); una empleada de este organismo y el antiguo secretario del Ayuntamiento.
PETICIONES DE FISCALÍA
La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel para Correa, Crespo, Jordán y Nombela por un delito continuado de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil. En cuanto al personal municipal, pide siete años de cárcel para cada uno de ellos por los mismos delitos menos el último; mientras que para una de las interventoras sólo reclama dos años de cárcel por prevaricación y fraude a las administraciones.
El primer juicio contra la trama Gürtel lo celebró el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por los contratos de Fitur, que comenzó en marzo de 2015 y cuya sentencia la ratificó el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo.
En cuanto a la Audiencia Nacional, hasta el momento, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha celebrado un juicio contra la red corrupta. En octubre de 2016 comenzó a juzgar la pieza matriz, la relativa a los primeros años de actividades de Gürtel (1999-2005), cuya vista oral duró un año. Será el 10 de diciembre de este año cuando celebre otro juicio, el relativo a las adjudicaciones de la empresa pública a las empresas de Correa, que se prevé que dure hasta febrero de 2019.
En enero de 2017, el Juzgado Central de lo Penal de este mismo órgano judicial juzgó a Correa y a la excúpula del PP valenciano que lideró Francisco Camps --quien no se sentó en el banquillo de los acusados-- por su presunta financiación irregular.
Así la cuarta vista oral que dirija la Audiencia Nacional -y el quinto contra la trama corrupta-- será este que comenzará el 6 de mayo de 2019, para analizar la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el montaje del expositor en Fitur por más de 355.000 euros.
ADJUDICACIONES "SIN CONCURSO PÚBLICO"
Según explica el auto del juez de la Mata, los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades", pues las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad los concediese formalmente, pese a que no era un órgano que no "era el competente" para ello.
De hecho, subrayó que los contratos y expedientes administrativos --que en ocasiones se trataron como si fuesen "menores sin publicidad"-- se elaboraron una vez finalizada la feria. Según explicó el magistrado las sociedades de Correa confeccionaron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur, con lo que se demuestra que los expedientes "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que " las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas.
De la Mata concluye que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPDC justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia".
