La cuesta de enero será este 2023 especialmente empinada para los investigados por el caso ‘Astapa’. Pasadas las once menos cuarto, en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, se iniciaba el juicio por este presunto caso de corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona. Llega con 16 años de retraso y con la sombra del excomisario José Manuel Villarejo como protagonista.

El procedimiento se inició en 2007 y tres lustros después, este lunes, ha comenzado la vista oral con las cuestiones previas que defensas y acusaciones y que se prolongará los días 10, 11, 12, 16 y 17 de enero, al tener 50 investigados sentados en el banquillo de los acusados. La lista de los enjuiciados la encabeza el exalcalde socialista Antonio Barrientos. Para el que fuera regidor de Estepona, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público durante 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

El fiscal encargado del caso ha abierto el turno de intervenciones, para solicitar la introducción de un nuevo bloque temático, para dar cabida a la “aportación de pruebas” que sirvan para verificar el origen de la investigación y la validez de las fuentes de las pruebas, puesta en duda por las defensas.

María Gutiérrez, abogada del exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, fue una de las que puso en duda la legalidad de la investigación. Durante su intervención ha vuelto a hablar de “manipulación” de informes policiales bajo las órdenes del excomisario. “Villarejo fabricó pruebas” y “contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en el caso Astapa”, ha defendido la letrada en defensa de su cliente y con la idea de restar validez a las pruebas.

Gutiérrez ha planteado cinco cuestiones previas en su intervención, en las que también se ha referido a una vulneración del derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones del exalcalde, ya que, a su juicio, se realizaron escuchas telefónicas “sin que hubiese indicio de criminalidad, sin control judicial y sin atender al principio de necesidad y proporcionalidad”.

Los abogados de una decena de acusados, como el exedil Francisco José Zamorano y el que fuera gerente de Urbanismo se han sumado a las cuestiones previas planteadas por la defensa de Barrientos.

Tras la última vista oral, el 17 de enero, el Tribunal examinará y tomará decisión sobre las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que se propongan. Tras ello, el juicio se reanudará el 7 marzo con la fase de pruebas, en sesiones de mañana de lunes a miércoles de cada semana.

La lentitud judicial de 16 años de espera ha provocado que, al menos, dos procesados se beneficiarán de un auto de sobreseimiento por la prescripción del delito por el que se les acusaba y otros, como el exconcejal Francisco José Zamorano, han reclamado acogerse a ese mismo beneficio.