Los cuatro sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios (CSIF, STAJ, UGT y CC OO), pertenecientes a los cuerpos generales de Justicia (gestores, tramitadores, auxilio judicial y médicos forenses), inician este martes un paro completo en todos los juzgados y dependencias jurisdiccionales de España, durante los días 9, 10 y 11 de mayo para pedir que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la ley de Eficiencia Organizativa (LEO) y una subida de sus retribuciones de entre 430 y 350 euros al mes, dependiendo de cada escala.   En el caso de Málaga, la convocatoria afecta a unos 1.900 empleados públicos (45.000 en todo el país), cuyo Comité de Huelga ha convocado, además del paro, varias concentraciones de funcionarios durante estas tres jornadas.    Para este martes, los sindicatos se movilizarán en Estepona (de 10 a 11 horas) y en la avenida del Mayorazgo de Marbella (de 11:30 a 12:30), donde se encuentran más de una docena de sedes de juzgados de Primera Instancia, Instrucción y de Violencia sobre la Mujer.   Para el miércoles 10, las protestas se producirán junto a las sedes de Fuengirola y Torremolinos por la mañana, y el jueves 11 se llevarán a cabo concentraciones en Vélez-Málaga y frente a la Gerencia Territorial de Justicia en la capital, en Muelle Heredia 10.   Los sindicatos aumentan así las movilizaciones que hasta finales de abril fueron, principalmente, de paros parciales de tres horas diarias. Unas protestas acrecentadas después de que el Ministerio recibiera el pasado 3 de mayo a representantes de asociaciones de jueces y fiscales, que también han anunciado una huelga general para el 16 de mayo, si no se negocia un aumento salarial de la carrera judicial y fiscal que reclaman desde 2018.    OFERTA DE LA MINISTRA PILAR LLOP   El departamento de la ministra Pilar Llop ha ofrecido este lunes 46,7 millones de euros para elevar las nóminas de la judicatura, frente a los 44,5 con los que se presentó la semana pasada en la primera reunión en Madrid. Una cifra que ha sido considerada insuficiente por los colectivos profesionales de la APM y UPF, que insisten en que el incremento no puede ser sólo lineal, sino que se deben contemplar mejoras en otros conceptos retributivos, como son las guardias o el pago de trienios.    La semana que viene se volverán a reunir con nuevas propuestas, y en caso de no prosperar un acuerdo se mantendrá la huelga indefinida desde el 16 de mayo.   Precisamente estos encuentros y las propuestas ministeriales han provocado el malestar también entre los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que protagonizaron una huelga indefinida de 45 días que terminó con subida salarial gradual hasta diciembre del 2024.   "Es más que significativo el agravio comparativo que percibimos tras haber sufrido un lamentable escarnio público por parte de los responsables ministeriales durante la huelga indefinida, y el trato 'cordial' que se está manteniendo con el resto de los colectivos en conflicto", han expresado las asociaciones de secretarios judicial (UPSJ, AInLaj y el Colegio Nacional de Letrados), que convocaron el anterior paro de dos meses.   Los colectivos de los LAJ resaltan en una carta dirigida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que "resulta llamativo que haya bastado un amago de huelga por las asociaciones judiciales para atender sus reclamaciones, cuando nuestro colectivo, pese a contar con un acuerdo previo [en abril de 2022], tuvo que esperar dos meses para iniciar la negociación".