El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se ha retirado como acusación particular en el juicio del caso Astapa contra la corrupción política-urbanística, vista que comenzó en enero de 2023 con cuestiones previas y continúa celebrándose en la Audiencia Provincial de Málaga.

El consistorio ha remitido un escrito a la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Málaga, encargada del enjuiciamiento, para notificar que "desisten del ejercicio de la acción penal en calidad de acusación particular" y que dicha decisión ha sido tomada debido "a la vista del desarrollo del juicio oral", según han informado a EFE fuentes judiciales.

Esta decisión jurídica ha sido adoptada "con expresa reserva de las acciones civiles que se pudieran derivar de la comisión delictiva, en este procedimiento".

Aunque se retiran como acusación, el Ayuntamiento señala que dicha acción queda en manos del fiscal como se establece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juicio se dividió en diez bloques, como ya se hizo con el caso Malaya, sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, formula que ayudó a agilizar este macroproceso en el que, debido al número elevado de acusados y partes personadas en el procedimiento, se complica el desarrollo de la vista oral.

El juicio comenzó el 9 de enero con las cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas.

El 7 de marzo se inició el enjuiciamiento por bloques con el apartado de las supuestas irregularidades en materia urbanística entre los años 2003 y 2008, cuando era alcalde el acusado, el socialista Antonio Barrientos, que se enfrenta a diez años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación.

Está previsto que la exposición de los informes finales comience el 18 de junio y se prolongue durante varios días, tras haber finalizado la práctica de la prueba.

El fiscal mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) creó una caja B en el Ayuntamiento para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

El ministerio público sostiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, "que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales".

Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales y en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores.