La Junta acusa al Gobierno de bloquear más de 300 millones para 73 proyectos de energías renovables

Publicado: 30/03/2013
Las nuevas medidas del Ejecutivo central suponen "un duro golpe" a estas empresas e incrementarán la factura de los consumidores
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha acusado al Gobierno central de bloquear 343 millones de euros de inversión por el marco normativo que impone a las energías renovables y que en la provincia de Málaga ha afectado a 73 proyectos, que suponían una potencia superior a 248 megavatios en una decena de municipios. Esto ha provocado, según el dirigente autonómico, que se dejen de crear 1.049 empleos.

   En concreto, ha afectado ya a una planta de biomasa, una de cogeneración, 11 de energía eólica y 60 de fotovoltaica. Estas instalaciones están previstas en los municipios malagueños de Archidona, Estepona, Antequera, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Valle de Abdalajís, Sierra de Yeguas, Cuevas del Becerro, Casares, Álora y Almargen.

   De seguir este marco normativo, la afección se incrementaría aún más y, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, perjudicaría a 624 instalaciones que generarían casi 760 megavatios y que suponen un empleo asociado de 275 personas.

   Esta política del Gobierno del PP es "un duro golpe" a estas energías renovables, "que son importantísimas para el medio ambiente, generan puestos de trabajo cualificados, desarrollo tecnológico y dan autonomía frente a otros recursos tradicionales y limitados", ha apostillado en una entrevista concedida a Europa Press, al tiempo que ha afirmado que las nuevas medidas, además, afectarán directamente al consumidor, con un aumento estimado de la factura de un hogar tipo superior a los 250 euros al año.

   Precisamente, este pasado lunes el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, presentó un recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.

   Ruiz Espejo ha asegurado que esta política del Ejecutivo 'popular' es "un paso atrás" en el compromiso de un desarrollo sostenible; de ahí que haya emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cambiar de opinión, puesto que se crea "una grave inseguridad jurídica que impide atraer inversiones" y generar empleo.

   Ante esta situación, la Junta andaluza está estudiando la declaración de Proyectos Estratégicos por su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial que permitan instalar estas plantas de energías renovables unidas a la puesta en marcha de un plan industrial. Dichas iniciativas dispondrán de una tramitación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad los trámites, ha especificado.

"UN REVÉS"

   La Ley del Ejecutivo del PP, que entró en vigor el pasado mes de enero, "no acabará con el déficit tarifario", sin embargo, "es un revés para empresas y particulares". Para Ruiz Espejo, se trata de "un paso atrás" en desarrollo sostenible. "Se rompe el principio de 'quien contamina, paga'", además de perjudicar a las renovables "con el tributo homogéneo ya que no es lo mismo gravar un proyecto que lleva 30 años funcionando y que está amortizado que gravar un proyecto con dos años de funcionamiento".

   El delegado ha criticado que se quiera aplicar un tipo del siete por ciento del pago por la producción eléctrica, un impuesto que perjudica a los productores de renovables. Además, eliminan las primas para la instalación de renovables, aplican el Índice de Precios al Consumo (IPC) subyacente para la energía producida e incluyen criterios sobre energía en régimen especial. Todo ello, ha continuado, crea "inseguridad jurídica en las inversiones y hay un perjuicio económico que hace peligrar dichas inversiones".

   En este sentido, ha puesto como ejemplo las plantas de biomasa, una energía renovable que tiene la mayor tasa de creación de empleo 'verde'. Así, en la provincia ya se ha bloqueado un proyecto de este tipo, según la Junta, con una potencia de 15 megavatios y que en su construcción emplearía a 93 personas, a lo que hay que sumar otras 25 de los ámbitos de operación y mantenimiento.

   En definitiva, las medidas del Gobierno de Marino Rajoy son "fatales y un perjuicio que nos está afectando ya", ha incidido Ruiz Espejo, quien ha anunciado también que se quiere fomentar en los ciudadanos que generen su propia instalación doméstica para lo que se reforzarán las políticas de "ahorro y eficiencia energética".

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