Poder llamar a la Policía y que ésta pueda echar de manera inmediata a los inquilinos de viviendas turísticas que estén molestando a los vecinos de las comunidades de propietarios o causando destrozos en las mismas es una de las propuestas realizada por el Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Málaga y Melilla a la Junta de Andalucía, de manera que actúen como agentes colaboradores de la autoridad.

Así lo ha explicado a Europa Press el presidente del CAF Málaga y Melilla, Fernando Pastor, quien ha aclarado que no se trata de "limitar" el uso de la vivienda sino que los administradores colegiados tengan la potestad, ante un problema, de llamar a la Policía y que esta actúe. Ahora no sucede así e incluso cuando se actúa el inquilino que ha ocasionado el problema ya ha abandonado la vivienda en cuestión.

"Todos tenemos asumido que si en un hotel un huésped está molestando o haciendo gamberradas, la propiedad lo puede echar; pues queremos que sea igual y se pueda desalojar porque los administradores queremos la paz vecinal", ha especificado Pastor, quien ha manifestado que este planteamiento se le ha trasladado a la Junta pero aún no tienen respuesta.

Esto sería algo "sencillo" al ser competencia del propio Gobierno autonómico, que únicamente tendría que hacer un cambio en la legislación autonómica, creando la figura del agente colaborador y que esto se incluya también en los contratos de alquiler de viviendas turísticas.

Pastor ha recordado que la llegada del verano provoca un incremento de los alquileres en viviendas turísticas y, por tanto, de problemas, sobre todo en las zonas de costa. No obstante, ha admitido que esta problemática se está trasladando al centro de Málaga capital, con la existencia de edificios antiguos, que no están insonorizados y que provocan molestias a los vecinos por parte de "personas que vienen a pasárselo bien y no tienen cuidado de las normas de comunidad".

Ocurre igualmente, ha apuntado, que a través de plataformas de alquiler por Internet se arrendan viviendas turísticas para cuatro personas "y se meten ocho, eso no se controla y hay que hacerlo porque hacen uso de piscinas, de ascensores, de zonas comunes". Sin embargo, el número de inspectores que existe en la provincia de Málaga es "cinco", lo que provoca que "únicamente lleguen a las denuncias expresas que se ponen".

POTESTAD PARA LOS AYUNTAMIENTOS

A juicio de Pastor, las declaraciones del ministro de Turismo, Álvaro Nadal, de dar a las comunidades de propietarios más poder para actuar ante los problemas en las viviendas turísticas es "un brindis al sol" y ha demandado una legislación nacional que lo regule y, a partir de ella, las autonomías se adapten.

El presidente de los administradores de fincas malagueños ha considerado una propuesta "interesante" la que se prepara en la Comunidad Valenciana, con la nueva Ley de Turismo que se aprobará antes de verano y que dará margen de maniobra a los ayuntamientos para regular las viviendas turísticas. Además, en el caso de la capital, la puesta en marcha de esta normativa conllevará que los este tipo de viviendas se limite a bajos y primeras plantas, con la idea de minimizar las molestias a los residentes.

"No es lo mismo alquilar un piso para vivir que para que sea un negocio al arrendarlo como vivienda turística", ha indicado, incidiendo en que es una situación al alza a la que "hay que dar solución".

Por otro lado, sobre los edificios completos de apartamentos turísticos que se ven ya en ciudades como Málaga capital ha indicado que son los ayuntamientos los que deciden o no si dan licencias para este tipo de actividad y dónde.

A juicio de Pastor, estos inmuebles completos de apartamentos turísticos "no es una mala opción puesto que sería similar a un hotel". "Eso va con otra regulación", ha expresado, incidiendo en que el problema es cuando en un edificio residencial hay varias viviendas que se dedican a uso turístico: "Uno en su casa descansa, si tienes piscina vas y te das un baño pero la gente que viene a pasar una semana no tienen en cuenta eso".

Por ello, con la propuesta realizada al Gobierno andaluz de que los administradores colegiados de una comunidad de vecinos tengan potestad para llamar a la Policía y que esta desaloje a los inquilinos que están molestando esperan que se solucione gran parte de los problemas que se ocasionan actualmente.