El Tribunal Supremo ha rebajado en torno a un año las penas impuestas a cuatro de los cinco condenados por el "caso Ballena Blanca", la mayor operación contra el blanqueo de capitales de España, entre ellos el principal imputado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle.

La Sala de lo Penal del TS ha adoptado esta decisión al estimar parcialmente los recursos de estos cuatro acusados contra la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Málaga, que en marzo de 2011 condenó a cinco de los diecinueve imputados y les impuso multas millonarias que ahora también se han visto reducidas.

Así, Del Valle, que fue condenado a seis años y tres meses de prisión por los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, ha visto rebajada su pena a 5 años y medio, y si antes tenía que pagar una multa de 2,6 millones e indemnizar a Hacienda con 342.785,22 euros, ahora la cantidad a pagar por ambos delitos queda en 1.265.349 euros.

También se han visto beneficiados de esta rebaja -y que en su caso les supone librarse de entrar en prisión-, los acusados Sophiane Hambli, cuya condena pasa de los tres años y tres meses a dos años de cárcel, la misma pena que el TS ha impuesto a Aimo Veikko Voutilanem y María Leena Voutilainem, ambos inicialmente sentenciados a tres años y tres meses de cárcel.

La operación "Ballena Blanca" se destapó en 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades, entre ellas varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

Del Valle, que regentaba el despacho de abogados DVA, estuvo seis meses en prisión tras ser detenido al inicio de esta operación contra el blanqueo y consiguió salir el 26 de septiembre de 2005 tras abonar 600.000 euros de fianza.

Uno de los sistemas utilizado por Del Valle para facilitar las inversiones en inmuebles por parte de extranjeros era la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España, bien participadas directamente por los inversores o por medio de otra sociedad extranjera.

Por lo general, la persona jurídica extranjera era una sociedad constituida en el Estado de Delaware (Estados Unidos), cuya legislación permite que los últimos beneficiarios y dueños de la inversión no aparezcan en la escritura o título constitutivo

Precisamente, la admisión en parte de su recurso se basa en la imprecisión del origen lícito o ilícito de las cantidades que fueron a parar a una de estas sociedades, Garden Gates Inversiones.

Según el Supremo, la sentencia de instancia "no justifica" por qué declara probado que esta sociedad recibió a través de otras cuentas bancarias que "tampoco detalla" un total de 697.174 euros, entre 1998 y 2000, y por ello dictamina que se reste esta cantidad del total del dinero que se blanqueó.

Tampoco ve suficientemente probado que en la cuenta de Sophianne Hambli, condenado en rebeldía en Francia a 8 años de cárcel por tráfico de estupefacientes, se produjeran "todas las provisiones de fondos que declara la sentencia" en relación a la citada sociedad.

Reduce además la actuación delictiva de Del Valle a los actos relacionados con los bienes de Hambli, por lo que cambia la calificación de un delito de blanqueo continuado por un solo delito de blanqueo para ambos acusados.

En cuanto a las cantidades defraudadas a Hacienda, el TS también discrepa de la suma que hizo la Audiencia de Málaga y, al considerar que no todos los montantes han sido probados, ordena restar la cantidad que declaró Del Valle en 2003, con lo que la cuota defraudada queda en 161.195 euros.

En el caso del matrimonio Voutilainen tampoco aprecia la continuidad del delito de blanqueo porque no se comete "un delito de blanqueo por cada transferencia bancaria" sino que existe "un único acto de voluntad de blanquear el dinero obtenido en Suecia de forma delictiva".