La Audiencia de Málaga está juzgando al exconcejal de Marbella Pedro Pérez Salgado por presionar presuntamente junto al también exedil del PA Carlos Fernández, fugado de la justicia, a trabajadores del Ayuntamiento o de sociedades municipales para afiliarse al Partido Andalucista.
En el banquillo de los acusados también está sentado el hermano del exconcejal fugado, Antonio Fernández, que supuestamente fue favorecido para trabajar en el consistorio marbellí y que "con intención de enriquecerse" hizo suyo el importe de una nómina indebidamente cobrada.
Además, se juzga a otro pariente del exconcejal Pedro Pérez que también fue contratado para "que éste se enriqueciera a costa del patrimonio municipal", según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Efe.
El juicio ha comenzado esta semana en la Audiencia Provincial de Málaga y continúa el próximo lunes en la Sección Tercera, han informado a Efe fuentes judiciales.
Según el relato de hechos del ministerio público, Pedro Pérez Salgado y el fugado Carlos Fernández, que ejercía el cargo de teniente de alcalde de Puerto Banús y concejal, en el ejercicio de sus cargos, "cometieron graves abusos en la gestión y manejo de los medios personales y materiales del Ayuntamiento de Marbella".
La acusación pública mantiene que presuntamente favorecían la contratación en el consistorio o sociedades municipales de personas afiliadas o afines al Partido Andalucista, aunque en ocasiones tales contrataciones no eran objetivamente necesarias o en otros casos eran fraudulentas.
Además, supuestamente presionaban a trabajadores del Ayuntamiento o de sociedades municipales que ellos dirigían para que se afiliaran al PA y se comprometían a convertir su contratación temporal con carácter indefinido a cambio de su afiliación.
También se destaca en el relato fiscal que en ocasiones "les insinuaban que, en caso de no hacerlo, podían no ser renovados o ver modificadas sus condiciones de trabajo".
De hecho, y siempre la versión del fiscal, en julio de 2005 convocaron a una reunión en la tenencia de alcaldía de Nueva Andalucía a trabajadores, en su mayoría eventuales, y les exigieron la afiliación al Partido Andalucista y el pago e ingreso al partido de un dos por ciento de sus nóminas.
"Amedrentándoles con no ver renovados sus contratos en caso contrario, plenamente conscientes que con su actitud impedían el ejercicio de su derecho de asociación por cuanto les coartaban su libertad para asociarse o no al partido político de su libre elección", añade el fiscal.
Tales hechos fueron denunciados por siete trabajadores que bajo esta presión se afiliaron al Partido Andalucista y cinco que no cedieron a estas exigencias.
El exedil Pedro Pérez Salgado está acusado de un delito continuado de malversación, fraude y siete delitos consumados y cinco delitos intentados de los cometidos por funcionarios públicos contra derechos individuales.
Respecto a Carlos Fernández, sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención desde julio del 2006, el fiscal no dirige acusación por estar en paradero desconocido.
Carlos Fernández fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal (GIL) con Jesús Gil de alcalde, más tarde se pasó al Partido Andalucista (PA) y en el 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la Alcaldía a Julián Muñoz, encarcelado por la "Operación Malaya".
A partir de ahí, formó parte del gobierno que presidió Marisol Yagüe -condenada en el caso Malaya- como teniente de alcalde y concejal de Turismo hasta septiembre de 2005, cuando fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil de su partido tras la denuncia de varios trabajadores sobre la gestión económica de las áreas de las que ellos se encargaban.
