La Knéset aprueba la ley que blinda a Netanyahu de ser recusado

La Knéset (Parlamento israelí) aprobó esta madrugada una ley que blinda al primer ministro Benjamín Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo, mientras tiene un juicio abierto por varios cargos de corrupción.

La ley pasó en tercera y última lectura a las 6.00 de la mañana (4.00 GMT) después de una sesión plenaria que duró toda la noche con 61 votos a favor, frente a 47 en contra, tras largas y acaloradas discusiones.

La norma forma parte de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno de Netanyahu que ha provocado una amplia contestación social con protestas masivas en todo el país que se prolongan durante casi tres meses, y que es vista como una amenaza a la democracia al restar independencia a la Justicia y restar las facultades fiscalizadoras del Supremo.

La oposición presentó numerosas objeciones a esa legislación, que fue tramitada de forma acelerada, y se considera "hecha a medida" para proteger a Netanyahu, que enfrenta serios problemas legales con tres casos abiertos por fraude, soborno y abuso de confianza, que él niega.

La legislación impide explícitamente que el Tribunal Supremo ordene a un primer ministro que tome un "permiso de ausencia", vista como una reacción ante los temores de que esa corte pueda obligar a dimitir a Netanyahu por conflicto de intereses, al ser el líder de una coalición de gobierno que promueve una drástica reforma judicial mientras enfrenta varios cargos de corrupción.

De acuerdo con la nueva ley de recusación, solo una mayoría de tres cuartos de los votos de los ministros del gobierno, seguido de la ratificación por el mismo porcentaje de diputados (al menos 90 parlamentarios), puede forzar a un primer ministro para que tome una licencia temporal, y solo por razones de salud mental o física.

El líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, criticó la aprobación de la ley y a los miembros de la coalición, a los que acusó de comportarse como "ladrones en la noche" que "aprobaron una ley personal, obscena y corrupta contra un rumor infundado sobre una posible recusación".

Según un acuerdo alcanzado con la Fiscalía en 2020, en pleno proceso judicial, Netanyahu no puede implicarse desde el ámbito político en la legislación que afecte a la justicia, y por tanto, no puede promover ni votar las leyes que conforman la reforma judicial.

Informaciones sin confirmar, y posteriormente negadas por la Fiscalía, señalaron en febrero que la Fiscal General del Estado, Gali Baharav-Miara -vocal crítica de la reforma judicial- estaba sopesando ordenar la recusación del primer ministro al darse un conflicto de intereses entre el plan de reforma que promueve su gobierno y sus casos abiertos en los tribunales.

La reforma busca dar control total al Gobierno sobre el nombramiento de los jueces, incluidos los del Supremo, lo que podría tener un impacto directo en una posible apelación del veredicto de su juicio en curso; además de incluir una polémica "cláusula de anulación" que permitiría al Parlamento revertir fallos del Supremo o incluso blindar leyes para que no puedan ser sometidas a la revisión de constitucionalidad de esa corte.

La oficina de Baharav-Miara señaló el mes pasado que se oponía al proyecto de ley de recusación porque reduciría drásticamente las circunstancias bajo las cuales se podría ordenar la suspensión de un primer ministro, y advirtió que la propuesta crearía un “agujero negro” legal.

Los defensores del cambios argumentan que están diseñados para proteger la voluntad de los votantes de la extralimitación de los tribunales, pero los críticos aducen que elimina las regulaciones destinadas a evitar que los servidores públicos usen su autoridad para beneficio personal.

La coalición está impulsando un segundo proyecto de ley para impedir que el tribunal revise los nombramientos ministeriales, lo que allanará el camino para que el líder del ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, regrese al gabinete como ministro de Interior y Sanidad, tras haber sido recusado por el Supremo en enero al acumular este varias condenas por corrupción y haberse acogido el año pasado a un acuerdo de culpabilidad que le impedía ocupar cargos públicos.