El magistrado José Sierra explicó que “los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Una semana después de que el diario El País empezara a desvelar la supuesta trama de espionaje entre altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, la ha vinculado con la crisis por el control de Caja Madrid y ha dicho que “algunos enemigos” del Gobierno regional dentro de esa entidad podrían “ser autores” de dicha trama.
Granados, que según aseguró a Efe fuentes parlamentarias comparecerá a petición propia en la Asamblea de Madrid el próximo viernes, explicó en una entrevista concedida a El Economista que no se ha planteado “en absoluto” abandonar el Gobierno regional porque se le haya acusado de “orquestar” la supuesta red de espionaje.
Un día más, dirigentes socialistas y de Izquierda Unida han exigido al Gobierno regional que asuma responsabilidades por este “escándalo”, que el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha tildado de “bochornoso” y ha enmarcado en “la lucha sin cuartel que mantienen dos personas sedientas de poder”, en referencia a Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.
Por su parte, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se ha trasladado a la madrileña calle Ferraz (sede nacional del PSOE) para exigir a Aguirre el “desmantelamiento inmediato” de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, de la que dependería el presunto grupo de espías.
Entretanto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha reunido con el vicealcalde Manuel Cobo para continuar la investigación de la dirección nacional del partido sobre la existencia de una supuesta red de espías en la Comunidad Autónoma de Madrid.
