Aunque hoy se cumple el plazo del presidente Donald Trump para cerrar la Acción Diferida (DACA), el programa sigue vivo para casi 700.000 "soñadores" que viven la angustia de desconocer hasta cuándo seguirá vigente y si mientras tanto pueden ser detenidos o perder su permiso de trabajo.

Desde septiembre de 2017, los amparados de DACA enfrentaron una tensa cuenta regresiva que se suponía terminaría este 5 de marzo, pero la decisión de un juez de California le quitó su valor de ultimátum cuando ordenó al Gobierno restablecer el amparo, decisión similar a la que tomó semanas más tarde un juez de Nueva York.

Y la decisión del Tribunal Supremo de no atender la apelación del Gobierno sobre el fallo de estos jueces convirtió la fecha en un símbolo de que la batalla aún se libra en el Congreso y con el propio Gobierno.

"No puedo decir que las decisiones de las cortes han sido algo malo, pero le restó urgencia al Congreso de resolver este problema y nos vuelve a dejar en el limbo", asegura a Efe Angélica Villalobos, madre de cinco hijos que vive en Oklahoma y es beneficiaria de DACA.

En estos seis meses Villalobos, de 33 años, repartió su tiempo entre presionar al Congreso para que aprobara una ley "limpia" que protegiera a los "soñadores" sin castigar a ningún otro grupo de inmigrantes y preparar un "plan b" por si no se lograba un acuerdo y su familia tenían que enfrentar la separación.

Tristemente el mayor avance que la inmigrante mexicana hizo fue en la preparación para una posible deportación. Tuvo que otorgar un poder a su hija, que recién cumplió los 18 años, para que pueda hacerse cargo de sus cuatro hermanos por si ella o su esposo, también amparado por DACA, son arrestados por Inmigración.

"Mi hija también tuvo que cambiar los planes de a qué universidad va a asistir, pues tiene que quedarse cerca de la ciudad. En estos seis meses tuvo que madurar más rápido, como mis otros hijos", asegura Villalobos.

La hispana lamenta que no encontró la misma actitud responsable de su hija en los legisladores, a los que ha visitado en Washington en los últimos meses. "Creo que estamos peor que al final del año pasado", considera.

La mayor preocupación de la activista, con permiso de residencia y trabajo hasta 2019, recae en aquellos que no han podido renovar el DACA y podrían estar en la mira de las autoridades de Inmigración.

El Gobierno ha reiterado que sólo los jóvenes que tienen aprobada la renovación están protegidos por el amparo y los más vulnerables son todos aquellos a los que se les vencerá el amparo a partir de este martes.

Según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), 13.090 permisos de DACA vencen este mes, 5.320 expiran en abril y casi 14.000 soñadores perderán el amparo en mayo.

A 31 de enero, USCIS tenía 29.606 solicitudes pendientes de procesar, entre ellas parte de las peticiones que llegaron después del 9 de enero, cuando se reabrió el proceso de renovaciones por orden de la corte.

"Es como si nos apagaran la luz y la vuelven a prender y así estamos en un constante juego, el problema es que para muchos esa luz se puede apagar del todo en cualquier momento", explica a Efe Iván Ceja, director del grupo Undocumedia.

Aunque se mantiene esperanzado en que la lucha tendrá resultados positivos, el joven mexicano es uno de los "soñadores" a los que el tiempo presiona con fuerza.

El amparo de Ceja se vence en octubre y hasta mayo no podrá solicitar su renovación. "Aunque tengo posibilidades de enviar la renovación no es algo que tenga por seguro. Eso le está pasando a miles de jóvenes y el Congreso debería entender esto", dice.