COAG ha puesto en marcha una campaña para concienciar a los ayuntamientos granadinos de lo que puede suponer la aplicación de la propuesta de reforma de la PAC para el periodo 2014-2020, lo que se traducirá en la pérdida del 67 por ciento del actual apoyo que tiene el sector, esto es, 53 millones de euros.

   En las últimas semanas, esta organización agraria ha enviado un centenar de cartas a los ayuntamientos de los municipios donde el olivar es la principal actividad agraria incluyendo una Moción, para su aprobación en Pleno, sobre la importancia del cultivo en cada uno de esos pueblos y las consecuencias de la aplicación de la propuesta de pagos directos presentada por la Comisión.

   El documento que en estos momentos se debate en las distintas instituciones comunitarias para el periodo 2014-2020 plantea un pago uniforme por hectárea para 2019, aunque su aplicación se iniciaría el 1 de enero de 2014.

   En caso de aplicarse con carácter estatal, los productores podrían pasar a recibir en torno a 100 euros por hectárea de pago básico, a los que se podrían sumar otros 60 euros con el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter medioambiental, el denominado "pago verde".

   Si se aplica una tasa plana estatal, el sector del olivar en Granada sufriría unas pérdidas superiores a 53 millones de euros anuales, el 67 por ciento de las ayudas que viene recibiendo en la actualidad.

   En las cartas se especifica el importe total recibido por los olivareros del municipio, el pago único medio y las pérdidas que sufriría el municipio, y se propone la oposición frontal a esta propuesta que conllevaría el desmantelamiento del sector en el municipio y en Andalucía, y solicitar al Magrama y a la Consejería la protección del olivar andaluz.

   También se pide a los municipios que insten a la modificación de la actual propuesta de pagos directos, para que contemple una redistribución más justa de los apoyos comunitarios, vinculando las ayudas al agricultor activo y al territorio donde desarrolla su actividad, a través de una diferenciación de los pagos para los distintos cultivos y sistemas de explotación.