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Provincia de Granada

Condenan al Ayuntamiento de Granada por "vulnerar" derechos fundamentales de un delegado de CCOO

La resolución judicial, que parte de una demanda de la asesoría jurídica de CCOO de Granada, concluye que existió "trato discriminatorio" y que la intencionalidad del cese fue apartar al demandante de un puesto de responsabilidad por su condición de delegado sindical

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada ha condenado al Ayuntamiento de Granada por vulneración de los derechos fundamentales del responsable de la sección sindical de CCOO en el Consistorio, trabajador que denunció el pasado mes de junio problemas de seguridad en las aplicaciones que a través de Internet facilitan el acceso del personal municipal a sus recibos de nómina.

   Así lo ha señalado en un comunicado el sindicato, que informa de el demandante fue cesado el dos de julio, de su puesto de subdirector de soporte del Centro de Proceso de Datos (CPD), suprimiendo la subdirección de soporte del CPD sin que existiera en el decreto de  aprobación del organigrama municipal "motivación alguna que lo justificas". El puesto fue sustituido por otro de igual clasificación y se procedió a nombrar para el mismo a un funcionario sin experiencia y menor antigüedad.

   La resolución judicial, que parte de una demanda de la asesoría jurídica de CCOO de Granada, concluye que existió "trato discriminatorio" y que la intencionalidad del cese fue apartar al demandante de un puesto de responsabilidad por su condición de delegado sindical, vulnerando sus derechos fundamentales, recogidos en los artículos 23 y 28 de la Constitución Española y condenando por ello al Ayuntamiento a la reposición del demandante en todos sus derechos.

   Para el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Granada, Rafael De la Poza, se trata de una sentencia "muy positiva" porque avala el libre ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical, y protege al trabajador "frente a la represalia de la empresa y restablece el derecho al trabajo de quien injustamente fue cesado". Se trata, para De la Poza, "de otra muestra más de los continuos ataques que, por parte de la patronal, sufren los representantes de los trabajadores por ejercer la defensa de sus propios compañeros y compañeras".

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