El PSOE ha pedido este miércoles al presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez (PP), que negocie y busque consensos con los alcaldes de la provincial con el convenio para el reciclaje de residuos sólidos, después de que 119 ayuntamientos y once ELA lo hayan rechazado sin firmarlo.
Según el portavoz del grupo provincial socialista y vicesecretario general del PSOE, José Entrena, tan sólo 59 consistorios y una ELA han aprobado el convenio, lo que demuestra "el fracaso rotundo del modelo del PP para este servicio". Para el representante socialista, la negativa de la mayoría de los ayuntamientos a suscribir el convenio significa que "Sebastián Pérez debe revisar todas las decisiones desde la disolución de Resur".
El representante socialista ha afirmado que "está claro que los consistorios no han querido sumarse al convenio porque en su mayoría no aceptan que el criterio para calcular el importe de los recibos sea el valor catastral de los inmuebles". "Es un criterio de pago arbitrario e injusto porque la valoración de un inmueble, y por tanto, el recibo, pueden variar hasta en un 50 por ciento en función del año en que se haya producido la revisión catastral", ha indicado.
El portavoz del grupo socialista de Diputación ha aprovechado además la conmemoración del Día del Medio Ambiente para subrayar que la provincia "está en riesgo de retroceder 20 años en la gestión medioambiental de los residuos urbanos por el empecinamiento de Sebastián Pérez".
En opinión de Entrena, "los ayuntamientos quieren seguir haciendo políticas medioambientales, favoreciendo e incentivando el reciclaje en origen, políticas que desaparecen con el modelo de Sebastián Pérez". "Los consistorios quieren que la Diputación les ayude a prestar servicios, no que haga negocio con las competencias municipales", ha agregado Entrena para apuntar que "la Diputación de Granada no está al servicio de los ayuntamientos y pretende que éstos estén a su servicio".
El representante socialista ha exigido a Sebastián Pérez "que dialogue con los alcaldes y que llegue a un acuerdo". "Hay sistemas de gestión intermedios que pueden ser aceptados por los ayuntamientos y que garantizan la viabilidad del servicio a la Diputación", ha precisado.
Por su parte, el viceportavoz primero del grupo socialista en la corporación, José María Aponte, ha considerado que el modelo que está implantando la Diputación de Granada para el tratamiento de residuos sólidos es un "fracaso", en contraposición al modelo anterior, que constituía "una gestión de residuos moderna, de consenso y de éxito". "Ahora se vende que contamos con la mejor planta de tratamiento de residuos sólidos de Europa, lo cual es cierto, pero a Sebastián Pérez se le olvida decir que esa planta se construyó con una subvención de la Junta de Andalucía que fue concedida a la Diputación dirigida por el expresidente Caler", ha afirmado.
Para Aponte, Sebastián Pérez "ningunea a los alcaldes que han dicho no al modelo de gestión que quiere imponer". "Con ese modelo se está castigando a los ciudadanos y a los ayuntamientos porque a nadie le entra en la cabeza tener que pagar el tratamiento de residuos sólidos en función del valor catastral de la vivienda, lo mismo que no se paga la factura del móvil o el recibo del agua en función del valor catastral de la vivienda, más aún cuando varía mucho de un pueblo a otro en función del año de actualización de la Ponencia de Valores por parte del Ministerio de Hacienda", ha señalado.
"Sebastián Pérez es un presidente sectario que para solucionarle el problema a Granada capital y Motril, que son los principales deudores de la extinta Resur, ha embarcado a toda la provincia en un berenjenal", ha agregado. Según Aponte, el PP no cree en el modelo del reciclaje en origen. "Por eso penaliza al ciudadano que se molesta en tener contenedores separados para residuos orgánicos y para envases o cartón".
El diputado provincial socialista ha reconocido la "rapidez de ejecución de los señores Pérez y Robles para destruir Resur". "Sebastián Pérez es el ejecutor de la disolución de Resur y de la destrucción de la autonomía local", ha insistido Aponte, quien ha pedido al presidente de la Diputación que negocie con los alcaldes para que la gestión de los residuos "sea fruto del consenso de todos los ayuntamientos de la provincia, como antes".
