El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, en el marco de la Operación 'Lateris' desarrollada durante el año 2022, ha procedido a la investigación de 59 personas entre los que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia de Málaga.

Concretamente, en el mes de junio, por componentes de la Patrulla del Seprona de Ronda se procedió a investigar al representante de una empresa de Ronda, por un supuesto delito contra el patrimonio arqueológico y otro contra la ordenación del territorio, por unos movimientos de terreno consistentes en la excavación de agujeros para la instalación de dos depósitos de agua con una capacidad de 12.000 litros, además de la plantación de 15 árboles, todo ello realizado en Zona de Protección por Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (zona arqueológica), afecta a la Ciudad Romana de Acinipo, careciendo de las preceptivas autorizaciones administrativas.

Durante la investigación en toda la provincia se ha contado con la colaboración de los servicios técnicos de los municipios implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la no legalidad de las construcciones y/o edificaciones.

En total, según ha informado el isntituto armado en un comunicado, se han llevado a cabo 127 inspecciones en las que se han detectado 228 infracciones administrativas en materia urbanística, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse a proyecto y/o licencia, movimientos de tierras, etcétera.

Todas las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, y de las denuncias conocen los respetivos Ayuntamientos para el ejercicio de las debidas competencias en materia de disciplina territorial y urbanística e incoación de los preceptivos expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad urbanística.

De entre las actuaciones realizadas destacan la construcción ilegal de viviendas unifamiliares aisladas con fines residenciales en suelo rústico, y en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales y con vocación de permanencia en suelo rústico, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la construcción de barbacoas, la construcción de naves de aperos y posterior cambio de uso a vivienda residencial y la realización de obras ilegales de ampliación de edificaciones al amparo de licencia de obra menores.