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San Fernando

José Loaiza, el clarividente

El alcalde se ha dado cuenta de que el problema está en la servidumbre de un equipamiento construido sobre los caños y afectado por Costas.

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Que lo consiga o no es otra cosa, pero lo único que está intentando el alcalde de San Fernando, José Loaiza García, es encauzar por el camino correcto el tremendo problema que ha supuesto para la ciudad el fallido proyecto del Parque de la Historia y del Mar. Y además, por el único que, con suerte y voluntad política por parte de las demás administraciones competentes, se puede conseguir que el engendro no se convierta en una losa económica o, lo que puede ser peor, en la pérdida irremisible de más de nueve millones de euros de inversiónn pública. Un ejemplo más para aquellos que preguntan por qué la deuda de España es tan abultada.

El Parque de la Historia y del Mar tiene su principal problema y moneda de uso común en los gobiernos andalucistas en que carece de estudio de viabilidad alguno. Si lo hubiera tenido habrían salido a relucir sus pros y sus contras y estos últimos serían tantos que nunca se hubiera construido.

Por ejemplo, que sus dimensiones son muy pequeñas y lo que es peor, que no puede crecer más porque linda con un caño y con unas instalaciones militares. Además, las comunicaciones son pésimas no sólo para llegar al parque sino incluso para llegar a la ciudad, lo que ahuyenta el turismo. Y luego, su mantenimiento, a base de ingente cantidades de dinero público que no se podría cubrir ni siquiera para justificar un equipamiento público que no era necesario tener porque nadie obliga a tenerlo.

Pero el principal escollo que encontraría el proyecto en ese estudio de viabilidad que nunca se hizo es que el equipamiento se ha construido en zona de Dominio Protección Marítimo Terrestre (DPMT). Ahí está la madre del cordero y el motivo principal por el que los intentos de los anteriores gobiernos no fructificaron porque no encontraron empresas dispuestas a invertir. Y ahí esté el quid de la cuestión por lo que el Gobierno actual va a tener que ponerse a trabajar a toda máquina para intentar mitigar -sólo mitigar- ese tremendo hándicap.

Entrando a matarEntrando a matar, la Demarcación de Costas jamás permitiría en ese espacio actividades hosteleras como bares con terrazas -aunque los tenga construidos el parque, pero como servicio al fin cultural del edificio- y muchos menos bares de copas, o discotecas poco más o menos tradicionales, o un salón de celebraciones... o cualquier otra actividad hostelera que permita a un empresario que le salgan las cuentas para hacerse cargo del equipamiento. Incluyendo que se tiene que hacer cargo también de la parte museística, que no debe olvidarse que nunca podrá desaparecer del Parque de la Historia.

Ante esa negativa de Costas, la única solución que queda es la de gestión pública, con o sin apoyo privado, pero gestión pública de un bien de difusión cultural que ya no va a contar con el apoyo de la Universidad de Cádiz y de los fondos que podría haber aportado el Centro de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar) que ha desechado la idea de instalarse allí por falta de dinero.

Tampoco va a contar -nunca contó en ello- con el apoyo de las demás organizaciones que entraron en el consorcio encabezado por el Ayuntamiento y la Fundación Phillippe Cousteau (que además, cobraba por su gestión), porque todas esas entidades como la propia UCA o incluso el Ministerio de Defensa lo hacían aportando personas y conocimientos, no dinero. Lo único que quedaba para que funcionara era la entrada de capital privado en la gestión pública, que nunca entró, pero que si hubiera entrado como pretendían en última instancia los andalucistas antes de las elecciones de 2011, hubiera obligado al Ayuntamiento a asumir el equilibrio económico-financiero de las instalaciones.

Esto es, a cobrar si había beneficio y a poner sobre la mesa las pérdidas que se originaran, incluidas las de las empresas privadas que se hubieran embarcado en el negocio. Por poner un ejemplo, como los transportes públicos y ya se sabe lo que se paga por ese servicio en concepto de déficit anual.

Enfocar el problema
Ahí es donde Loaiza ha echado el freno y ha encajado el problema en la ecuación exacta, la que dice que Costas no permite actividades que hagan rentable el parque y que el Ayuntamiento no puede apechugar con el equilibrio económico financiero.Sólo quedan, pues, dos opciones. Una, cerrar el parque hasta que las cosas cambien para mejor, lo cual puede resultar fatal para unas instalaciones a las que el desuso deteriora con más rapidez que el uso y mantenimiento diario. Pero el Ayuntamiento no pondría ni un euro más.

O la segunda en la que el alcalde se juega su capacidad de gestión. Tratar de que Costas, dentro de las posibilidades legales que permita la Ley de Costas, abra la mano para el aprovechamiento del parque con criterios más empresariales, lo que permitiría alternar su uso cultural y divulgativo con otras funciones no menos sociales -en lo que supondría de creación de empleo y de promoción de la ciudad- que saldrían de la rentabilidad de las instalaciones. Aunque la rentabilidad sea para una empresa o varias empresas privadas, lo cual de todas formas admite la lectura de que el hecho de no perder también sería ganancia para el Ayuntamiento.

Por lo pronto, el alcalde lo anunció en el propio parque este viernes. El parque de la Historia y el Mar “tiene novios. Eso es lo importante”. Lo siguiente es que no salgan corriendo cuando conozcan el montante de la dote. Con esas dos ideas expuestas más arriba juega el alcalde de San Fernando al hablar en el mismo parque sobre las intenciones municipales que pasan por deshacer lo que había hecho en cuanto a la figura jurídica en la que se ampara todavía el equipamiento.

Para empezar, en el próximo Pleno se va a deshacer el Consorcio al que pertenecían muchos estamentos y entidades en un principio, que sólo se reunió el día de su constitución y en el que sólo quedan el Ayuntamiento y la Fundación Philippe Cousteau –y ésta lleva mucho tiempo queriendo que la borren- a la vez que se trabaja con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para conseguir suavizar las condiciones de una concesión administrativa por eso de que una empresa no se mete en un negocio de este tipo para veinte años, sino para muchos más.

Sí o sí
Esa gestión tiene que dar sus frutos sí o sí si se quiere salir de la situación actual como quiere salir el Ayuntamiento, que es no poniendo más dinero a los nueve millones de euros que ha costado el Parque de la Historia hasta ahora –y que de ponerlo en marcha el Ayuntamiento le costaría otro millón más, más los desperfectos por la falta de uso y el mantenimiento anual- a la vez que conseguir un equipamiento con la personalidad suficiente para atraer a los visitantes de la Bahía de Cádiz porque el alcalde piensa en clave comarcal, quizá pensando más allá de lo que este redactor puede escribir.

De hecho, los 700.000 euros que estaban previstos como inversión y que en el pasado Pleno se aprobó destinarlos a pagar deudas municipales, no se van a rescatar toda vez que si hay que hacer alguna inversión no será tan abultada y en todo caso saldrá de los recursos municipales ordinarios. Pero lo que se pretende es entregarlo como está, que no está como cuando se le enseñaba a la gente en épocas preelectorales, pero tampoco para caerse. La percepcion de Loaiza es que está en condiciones de traspasarse a cualquiera que quiera hacer lo que finalmente se pueda hacer allí.

Cultural y comercial
Para ello lo que está en estudio -según anunció el alcalde- es su explotación en una doble vertiente. Por una parte un espacio cultural y divulgativo como se pretendió siempre, incluido el acuario que siempre fue la joya de la corona y por otra, que pueda albergar zonas de ocio y esparcimiento, hostelería en toda su extensión e incluso comercio que lo hagan atractivo a los clientes. Con permiso de.

Eso sí, siempre intentando mantener los lazos con la Universidad de Cádiz que siempre estuvo interesada en su gestión –formó parte del Consorcio fantasma- y que sigue interesada en desarrollar una actividad parcial para la que se tendrá que poner de acuerdo con la empresa concesionaria. O al revés, porque esa puede ser una de las condiciones de la plica.

El breve recorrido que Loaiza hizo por el acuario dejó todavía más patente su determinación de encontrar una salida al parque que no pase por el cierre al ver las instalaciones sólo a expensas de los peces de colores, con o sin escualo de última generación.Por cierto y hablando de peces, alguna de las empresas que pretenden el Parque de la Historia los tienen ya, criados y adaptados para meterlo en el magnífico acuario. Que no es el más grande de Andalucía como se pregonaba, pero que será uno de los principales atractivos si alguna vez se consigue abrir.

La última del PA era la única fórmula pero no abordó el problema
Los andalucistas, en las postrimerías de su último mandato y sabedores de que los nueve millones de euros invertidos en el Parque de la Historia y del Mar iban a pesar como una losa en las elecciones, pusieron sobre la mesa de la oposición un estudio de viabilidad que funcionaba sobre el papel porque el papel lo aguanta todo, pero no sobre la realidad de San Fernando a la que tiene acceso cualquier ciudadano medianamente informado.

Lo primero que sostenían los andalucistas era una sociedad mixta -sabedores de la verdedera hipoteca del parque que es su construcción casi en medio de los caños- que precisaba de una serie de condicionantes para que funcionara, todos ellos económicos en unos momentos en los que hasta José Luis Rodríguez Zapatero sabía que había crisis, aunque fuera mundial.

Ahí entraba el primer problema y es que aunque el Parque, a nivel de infraestructuras, está completamente acabado, faltan 1.600.000 euros para su puesta en marcha que sería financiado al 50 por ciento por Ayuntamiento isleño y empresa adjudicataria. De ahí esos 700.000 euros que el Pleno ha destinado a pagar deuda quitándolo de su afección al Parque de la Historia y el Mar

El estudio realizado por los técnicos económicos del Ayuntamiento era inmaculado en cuento a números, pero increíble si para que cuadraran se supeditaba a la aceptación del parque por los ciudadanos de la bahía e incluso de la comunidad autónoma.

Unas 182.000 visitas al año
Esa viabilidad pasaba por unas visitas de 182.000 personas anuales pagando entre 12 y nueve euros por entrada, lo que ya es pedir en una ciudad en la que un concierto de primera fila con un artista de proyección internacional apenas consigue cuatro mil personas como público, lo que da una idea de lo que vende la marca San Fernando.

Pero si las previsiones optimistas sembraban dudas en la oposición municipal entonces mayoritaria -incluido el PP, en ese año en la oposición- los modelos de los que partía el estudio no era extrapolables a la ciudad.

El estudio contemplaba los datos de otras instalaciones similares en varias localidades españolas, entre ellos el Parque de las Ciencias de Granada, que además de contar con un prestigio internacional es diez veces más grande que el de la Historia y el Mar y además con posibilidad de seguir creciendo.

El segundo problema es que el equilibrio económico-financiero para que el Ayuntamiento no tuviera que enjugar las pérdidas de la empresa concesionaria estaba basado en las aportaciones de administraciones o firmas patrocinadoras, justo cuando ya se habían marchado incluso los estamentos que estaban en el consorcio y que no tenían que poner dinero.

Puestos a ser optimistas, los andalucistas elaboraron incluso una Ordenanza sobre la futura gestión de las instalaciones, en la que se señalaba que las ganancias se repartirán a medias, es decir, que el 50 por ciento será para la empresa que ostente la explotación, y el otro 50 por ciento repercutirá en las arcas municipales. No las pérdidas.

Los grupos de la oposición no entraron por el aro puesto por los andalucistas, entre otras cosas porque la credibilidad del parque estaba y está por los suelos de la misma forma que la de sus gestores, deuda saldada, al menos políticamente, en las pasadas elecciones.

La propuesta de José Loaiza, al menos deja la posibilidad de que si no se consigue lo que se persigue, al menos no se comprometa más dinero público en algo que no sea quitarse deudas y atender las necesidades de la población. Unas necesidades que no entenderían otra opción que no fuera el cerrojazo.

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