La Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir ha aprobado una serie de acuerdos encaminados a aclarar la situación que atraviesa el organismo, prácticamente en quiebra técnica y con una deuda de entre cuatro y ocho mensualidades a la mayoría de sus trabajadores.

En este sentido, la primera de las medidas que los alcaldes de las once localidades de Cádiz y Sevilla que pertenecen al Bajo Guadalquivir aprobaron este miércoles, pasa por solventar la situación de más de un centenar de trabajadores y alumnos, aún dependientes de programas que estaban en vigor, y sobre los que se ha acordado su finalización con el objetivo de que éstos puedan acceder a cobrar las prestaciones que le correspondan.

Una de las gestiones sobre las que se ha venido trabajando en las últimas semanas por parte de los alcaldes de los once municipios mancomunados se ha centrado en la subrogación de los programas formativos abiertos dependientes aún de Mancomunidad. En el caso de Sanlúcar, se ha conseguido, a través de negociaciones con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se mantengan los cursos de Formación Para el Empleo (FPE) que habían sido solicitados y que comenzarán en septiembre en la Sala del Agua. Por otro lado, la ciudad pierde el Taller de Empleo Pinar de la Dinamita y posiblemente el de monitor deportivo, aunque recupera un curso de recursos humanos que estaba en activo, y que a partir de ahora asume la delegación de Formación y Empleo, siendo el Ayuntamiento y varias empresas municipales donde se llevará a cabo la parte técnica del curso, que es la que quedaba pendiente.

En cuanto al pago de las nóminas pendientes, la comisión de Gobierno ha aprobado que cualquier ingreso que se realice en la Mancomunidad irá destinado al pago de las nóminas atrasadas a los trabajadores. Así lo ha explicado en Sanlúcar el delegado municipal de Formación y Empleo, Juan Marín, quien rechazó que los Ayuntamientos se hicieran cargo cada uno de los trabajadores adscritos a sus programas “para que cada uno salvara los tiestos en su municipio”. El acuerdo garantiza un pago igualitario a todos los trabajadores. Ya hay ayuntamientos que se han comprometido a hacer ingresos para ir pagando la deuda, si bien “hemos pedido a la presidenta que exija a otras administraciones, como la Diputación provincial de Cádiz, que salde sus deudas con la Mancomunidad, al tiempo que instamos a que se de cumplimiento a los acuerdos de anticipo que aprobaron las diputaciones de Sevilla y Cádiz" para que los ayuntamientos puedan pagar las cuotas que adeudan de los dos últimos años. Sin embargo, según Marín, esta cantidad, que suma entre los once municipios, 1.718.000 euros,sólo sería suficiente para cubrir tres meses de nóminas, por lo que habrá que esperar a liquidaciones de otros programas y deudas de otras administraciones -como los dos años del Club de Empleo que según Marín, adeuda la Diputación a Mancomunidad, así como a las acciones que están realizando desde la Mancomunidad para la venta, por ejemplo, del plástico procedente de la planta de residuos de Utrera, para juntar todo el dinero.

Además, se dio cuenta de la renuncia del gerente de la entidad, José Antonio Navarro, a su cargo, coincidiendo con la sentencia de un juzgado de Sevilla por un caso de acoso sexual a una trabajadora de Mancomunidad, motivo que le ha llevado a renunciar a su puesto aunque los trabajadores se quejan de que mantenga su cargo en la entidad Gesalquivir.

De cara a aclarar el futuro económico de la entidad, en la última sesión tomaron posesión de sus cargos el secretario e interventor accidentales para la Mancomunidad, que se encargarán, en los próximos días, de resolver la documentación relativa a la liquidación de los trabajadores, comunicándoles en un plazo de quince días el fin de su relación contractual con el Bajo Guadalquivir.

DEUDA MILLONARIA

En cualquier caso, el proceso de disolución del ente, por el que se inclina la dirección de la Mancomunidad, se presenta complicado, sobre todo, teniendo en cuenta la complicada situación económica de una administración que desde el año 2003 no aprueba sus cuentas y a la que los ayuntamientos miembros deben una importante cantidad de dinero en base a cuotas impagadas.

Los primeros cálculos sobre la deuda que precisará la auditoría que se está realizando, es de 37 millones de euros, un importe que no deben en igual medida todos los municipios, ya que por ejemplo, Rota y Chipiona no habrían comenzado a pagar el factoring que se pidió en 2009. Una vez se aprueben las cuentas, se informará a la Cámara de Cuentas para que esclarezca las posibles responsabilidades que se deriven de la situación que ha vivido la Mancomunidad, sobre la que a fecha de hoy no hay ninguna denuncia o investigación en curso, según confirmaron las mismas fuentes.

INICIO DE DISOLUCIÓN

La decisión de abogar por la disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir ya fue anunciada por la presidenta de la entidad, la socialista María José Fernández, alcaldesa de Lebrija, al tomar posesión de su cargo en el mes de febrero. Entonces se comprometió a adoptar las medidas necesarias para aclarar la situación del ente comarcal y, desde entonces, su trabajo se ha centrado en gestionar y negociar paso por paso cada una de las complejas situaciones que afectan a trabajadores y municipios mancomunados, desde las negociaciones con el SAE para la subrogación de los programas, hasta los nombramientos de personal funcionario de carrera, para desempeñar las labores de secretario - el anterior era funcionario y ha regresado a su puesto - e interventor. Con todo, las previsiones de Fernández pasan por aprobar, antes del verano, el expediente para el inicio del proceso de disolución, si bien esto no significará que la Mancomunidad se disuelva, sino, que, a partir de entonces, habrá que comenzar los trámites de nombramiento de liquidadores e inicio de un proceso que, quizás, no recomiende su disolución sino mantener una estructura mínima.