El Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha reclamado al Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido, a través de un escrito fechado el 28 de enero y recogido por Europa Press, abundante documentación sobre las circunstancias que rodearon al expolio de los dos edificios de la isla de la Cartuja que el Consistorio enajenó en favor de la firma de construcción e ingeniería Detea. Entre diversos aspectos, los socialistas reclaman el informe remitido al Juzgado de Instrucción número diez después de que éste requiriese información al Ayuntamiento, así como documentos de los que "se desprenda de manera directa o indirecta la voluntad de Detea de demoler los edificios".

   Los edificios en cuestión fueron adquiridos por 'Detea' al Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2009 dentro de un lote de tres inmuebles situados en la avenida de Américo Vespucio, en la isla de la Cartuja. Tras la compra, el Ayuntamiento entregó a 'Detea' el primer edificio en 2011 y la empresa procedió después a su demolición, toda vez que los dos edificios restante albergaron las instalaciones de la Policía Local hasta principios del pasado mes de junio.


LOS HECHOS

   Según la cronología de los hechos, el 25 de mayo, el personal de 'Detea' visitó las instalaciones de los dos edificios pendientes de entrega y días después, el 15 de junio, fue firmada la entrega de las instalaciones por parte del Ayuntamiento, que ya entonces había evacuado las dependencias de la Policía Local. El 19 de junio, los responsables de 'Detea' advirtieron del elevado estado de deterioro de los inmuebles entregados, que según refleja un informe derivado de una inspección posterior, había sufrido el "desmantelamiento" de su equipamiento e instalaciones, así como numerosos desperfectos y destrozos en su interior. 'Detea', de cualquier modo, elevó los hechos a la Policía Nacional el 20 de junio de 2012.

   Fruto de esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha incoado unas diligencias en las que figuran como imputados cuatro trabajadores de una chatarrería. En un atestado de tales diligencias figura, entre otros muchos documentos, el testimonio de un testigo que, ante los investigadores, manifestaba ser "cuñado" de un agente de la Policía Local de Sevilla y que éste le "comentó" que, como consecuencia de la evacuación de las dependencias municipales de la isla de la Cartuja, "querían desprenderse" de unas taquillas. Este agente habría manifestado a su cuñado, según la declaración de este último, que contaba con "autorización" y le propuso que se encargase "de la gestión" del destino de las taquillas.


EL AGENTE Y SU CUÑADO SE REPARTIERON EL DINERO

   El cuñado de este agente ha testificado que contactó con la chatarrería involucrada en los hechos y acordó la "retirada" de las taquillas con el encargado del negocio. Después, y según su declaración, medio una "factura" y el declarante compartió el dinero recibido con su cuñado, el agente de la Policía Local. Finalmente, entre el 10 y el 13 junio fueron "recogidas" las mencionadas taquillas.

   El agente de la Policía Local aludido por su "cuñado", por su parte y según su acta de declaración ante la Policía Nacional, ha reconocido que entre el 9 y el 12 de junio de 2012 estuvo "coordinando las tareas de evacuación de unas taquillas que había" en el edificio en cuestión dada la inminente entrega de las instalaciones. Ha admitido que estas 500 taquillas eran "propiedad del Ayuntamiento", pero ha alegado que un intendente de la Policía Local le dijo que "podía disponer de ellas" al ser ya "inservibles". En su declaración, ha admitido que su cuñado le "entregó" parte del dinero cosechado con la operación (unos 1.700 euros) y que durante los cuatro días por lo que se prolongó la retirada de las taquillas, observó como "personal del Ayuntamiento realizaba labores como desmontar puertas, pasamanos, aires acondicionados y otros efectos", toda vez que el 10 de junio el edificio habría quedado "sin vigilancia propia de la Policía Local".


EL TESTIMONIO DEL INTENDENTE

   El intendente, de su lado, reconoce en su testimonio ante la Policía Nacional que "previa petición" del agente ya mencionado, le "autorizó a disponer de las taquillas para lo que tenga a bien hacer, a título privado y con sus medios", alegando desconocer el resto del asunto. Manifiesta también el intendente que "en las labores de desalojo del edificio intervinieron también el servicio de Edificios Municipales del Ayuntamiento, que desmontó y trasladó objetos tales como luminarias, cableado, bases de enchufe, accesorios de cuartos de baño, aparatos de aire acondicionado", etcétera.

   En paralelo, media un requerimiento judicial emitido el 26 de septiembre de 2012 reclamando al Ayuntamiento información sobre "si fue autorizada alguna persona física o jurídica a retirar material inservible de las dependencias, indicando la fecha en la que entregaron la posesión a la entidad 'Prodetea' y a quien autorizaron para desmontar y trasladar todo lo reutilizable y el destino de estos objetos", según el documento oficial que recoge Europa Press.

   A petición del Grupo socialista, el delegado municipal de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, compareció en el último pleno ordinario para defender que los operarios municipales desmontaron numerosos equipamientos "superficiales" de estas instalaciones sin mediar destrozo alguno porque "se pensaba, efectivamente, que el edificio se iba a demoler". Cabello defendió el criterio de reutilizar el material desmantelado y ha señalado el "error" del intendente al acceder a la petición del agente involucrado en el asunto de las taquillas.

   Merced a la comparecencia de Cabello, el PSOE ha reclamado por escrito documentación sobre 13 aspectos concretos de los hechos, figurando entre los documentos solicitados el informe municipal emitido en respuesta al requerimiento judicial del 26 de septiembre de 2012 y "documentos de los que se desprenda de manera directa o indirecta la voluntad de 'Detea' de demoler los edificios".