La Autoridad Portuaria de Sevilla ha anunciado que se encuentra trabajando en el proyecto de protección de los márgenes del río Guadalquivir con vistas a su presentación ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de cara a lograr que el dragado de profundización pueda licitarse en plazo, habida cuenta de que el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, ha aludido a este aspecto como uno de los puntos correctores que se precisan para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El presidente del Puerto de Sevilla, Manuel Fernández, ha subrayado a Europa Press que "estamos trabajando en ello, codo con codo con el Ministerio", dándose el caso de que el Gobierno ya ha aludido a este proyecto como algo que, además de necesitar informes adicionales de la Junta, debe estar "muy justificado, que establezca cómo se van a proteger los márgenes por el oleaje causado por los grandes buques de pasajeros", enfatizando en este punto que se trata de cruceros de "enorme envergadura" que "provocan unas olas que van sistemáticamente deteriorando las márgenes".
El presidente de la Autoridad Portuaria añade que este aspecto estaba "presupuestado" dentro de los plazos temporales con los que trabaja el organismo de cara a licitar el proyecto antes de que finalice 2013 "para no perder los fondos europeos".
Aunque Arias Cañete se refirió a un segundo aspecto --evitar la salinización de los cultivos que existen en la desembocadura del Guadalquivir-- como imprescindible para confirmar el cumplimiento de la DIA, Fernández ha precisado que "no tenemos competencias en esa actuación", apuntando en este sentido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
"Lo que no podemos es hacer nosotros el trabajo de todo el mundo", ha afirmado, para reafirmar que el proyecto portuario cuenta con una dirección científica competente y agregar que sí coincide con el Ministerio en que "durante muchos años no se ha hecho nada para impulsar esta actuación".
EL PUERTO "CUMPLE" EL CALENDARIO
Según el Ministerio, autorizar el dragado sin estas medidas correctoras sería propiciar el "ir erosionando las riberas del Parque Natural de Doñana y perjudicar gravísimamente a unos agricultores que están asentados en la zona con cultivos que generan mano de obra y empleo".
El Puerto aseguró recientemente que a día de hoy "cumple" el calendario previsto para proceder a la licitación de la iniciativa, remarcando a este respecto que si la Abogacía del Estado y, por ende, el Ministerio hubieran derogado la vigencia de la DIA "habría habido que empezar de nuevo", dándose sin embargo el caso de que "siguen vigentes las condiciones con las que hemos contado desde siempre". "De ocho condicionantes, siete están cumplidos", aseguró.
El dragado es un proyecto que cuenta ya con aproximadamente diez años de historia a sus espaldas. Lo promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla al objeto de que el tramo navegable del río acoja la navegación de buques de mayor calado, pero encuentra una firme oposición en el sector agrícola de la comarca del Bajo Guadalquivir, que teme que un incremento de la salinidad acabe afectando a los cultivos de toda esta zona donde el sector primario juega un papel sencillamente imprescindible.
De cualquier modo, los dragados de mantenimiento y conservación acometidos anualmente por el Puerto sobre el cauce vivo del río Guadalquivir están regulados por una declaración de impacto ambiental que se remonta a 2003 y que autoriza este tipo de labores por un periodo de 20 años. El dragado de profundización, no obstante, requiere el beneplácito expreso de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Consejo de Participación de Doñana también debe pronunciarse sobre el proyecto, si bien su posición no tiene carácter vinculante.
Así, la Autoridad Portuaria ha elaborado un nuevo proyecto técnico cuya documentación ya ha entregado a la administración central. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), en la XXXVII sesión de su comité de Patrimonio Mundial, ha aprobado una resolución que da cuenta de las "amenazas" que sufre el parque nacional de Doñana, señalando entre otras cosas la "urgencia" de no permitir el dragado.
