El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción promovida por IU-CA reclamando al conjunto de administraciones; el Estado, la Junta y la propia Diputación, "auxilio económico" para los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que recientemente aprobaba definitivamente su expediente de liquidación repartiendo entre estas once localidades una deuda global de más de 42 millones de euros.
La moción de IU-CA señala el colapso de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, creada en 1998, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla y que llegó a contar con unos 400 empleados, dado que recientemente el pleno de la institución aprobaba, definitivamente, el expediente de liquidación acordado de manera inicial en 2013 en el marco de la extinción de este organismo.
El documento de aprobación inicial del expediente de liquidación contemplaba un pasivo global de 52.204.879 euros calculado a fecha de 30 de abril de 2013 según la "deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, ministerios y diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales" y la previsión del coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija. El documento de aprobación definitiva, no obstante, reduce a 42 millones de euros las deudas a repartir entre los once municipios al haber asumido la Junta de Andalucía el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija.
En ese sentido, la moción de IU-CA avisa de que el reparto de esta deuda constituye "un durísimo golpe para las maltrechas arcas municipales" de muchos de estos ayuntamientos, en especial el de Los Palacios y Villafranca, gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU) y que adeuda cinco nóminas a su plantilla, entre otros aspectos. Y es que el expediente en cuestión, según IU-CA, concede a los ayuntamientos "un plazo de 60 días para proceder al pago de las cantidades, obligación prácticamente de cumplir en ese plazo".
"AUXILIO ECONÓMICO"
Por eso, la moción aprobada por unanimidad por el pleno de la Diputación solicita al conjunto de las administraciones supramunicipales; el Estado, la Junta y la Diputación, que presten a los ayuntamientos "el necesario auxilio económico y articulen fórmulas para flexibilizar las condiciones para la devolución de la deuda".
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, aludía por cierto a estos mecanismos en una rueda de prensa previa al pleno.
Según señalaba, el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) anticipa a los ayuntamientos sevillanos su recaudación y otros aspectos para facilitarles la financiación, si bien tales anticipos deben ser devueltos conforme a una "temporalidad" ya fijada. Es por ello que, según el presidente de la Diputación, a través de un "decreto u orden", el Estado primero, y la Junta de Andalucía después, pueden permitir que estos ayuntamientos gocen de un plazo "excepcional" de devolución de sus anticipos para contar con más inyección económica por parte del Opaef y más flexibilidad a la hora de afrontar las devoluciones de los anticipos con los que amortizarían la deuda asumida a cuenta de la liquidación de la Mancomunidad.
Hablaba, así, de ampliar "a ocho o diez años" los plazos de devolución de los anticipos librados por el Opaef, explicando que operaciones similares han sido promovidas de forma "acertada" en el caso de los ayuntamientos de Marbella (Málaga) o Jerez de la Frontera (Cádiz). De momento, Villalobos asegura que la Junta estaría dispuesta a autorizar esta operación.
