Un juzgado de Sevilla celebrará el próximo lunes 19 de enero un acto de conciliación entre el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), y un exfuncionario municipal imputado en el caso Madeja que aseguró disponer de documentos que podrían perjudicar al regidor.
Tras desvelarse el contenido de esas afirmaciones, Zoido presentó una iniciativa para que, antes de presentar una querella por calumnias e injurias contra el exjefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco Amores, rectificara las afirmaciones que hizo "contra su honor".
La previsión es que se produzca un acuerdo del tipo al que llegó la enfermera madrileña Teresa Romero con la doctora que la atendió en el hospital La Paz, han precisado a Efe fuentes judiciales.
Zoido exigió que Amores reconozca que sus afirmaciones "han vulnerado su derecho al honor y la dignidad" y han supuesto públicamente un "grave desprestigio personal y profesional y un atentado contra su imagen pública".
Según las indagaciones de la Guardia Civil en la Operación Madeja, que investiga sobornos de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos, Amores aseguró en una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil que guardaba en una caja de seguridad de un banco documentos que podían perjudicar al alcalde de Sevilla.
En su escrito, el alcalde se hace eco de los titulares aparecidos en los medios de comunicación de Sevilla tras el levantamiento del sumario de la Operación Madeja, que investiga la juez Mercedes Alaya, y en los que se informa también de que Francisco Amores "exigió una mordida -a Fitonovo- de 350.000 euros para la campaña del PP".
El alcalde de Sevilla asegura que Francisco Amores ha emitido "aseveraciones con un temerario desprecio a la verdad que podrían ser constitutivos de sendos delitos de injurias y calumnias, realizados con publicidad".
Dichas expresiones, según el escrito de conciliación, "no responden a una crítica política realizada al amparo de un derecho a la información, pasando a ser un ataque personal que tiene como finalidad dañar la honorabilidad de Juan Ignacio Zoido".
Además, añade que dichas injurias y calumnias "no pueden ampararse en un supuesto derecho a la información o expresión, pues éste sólo goza de posición preferente frente al derecho al honor cuando la información es veraz".
