La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cinco años de cárcel a un funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social por cobrar durante 19 años --entre 1992 y 2011-- hasta 137.812 euros procedentes de las pensiones de viudedad y de familiar de militar de su madre pese a que ésta falleció en 1992.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia condena a R.A.S.M. a cinco años de prisión y al pago de una multa de 3.000 euros como autor de un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de estafa agravada con la atenuante de confesión.
Asimismo, condena al acusado, que fue jefe de equipo en la Administración de la Seguridad Social número 1 de Sevilla desde 1997 y gestor informador entre 2008 y 2011, a indemnizar con 38.139,73 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social; con 14.586,79 euros a Caixabank, y con 85.086,41 euros al Ministerio de Economía y Hacienda.
La Audiencia considera probado que, para la percepción de ambas pensiones, era necesario que tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como el Ministerio de Economía y Hacienda recibieran anualmente los llamados 'controles de vivencia' y 'declaraciones de aptitud legal' con el fin de constatar que la persona perceptora de la pensión continuaba viva y seguía vigente su derecho.
Una vez la madre del condenado falleció en septiembre de 1992, el acusado, "con intención de seguir cobrando ambas pensiones, no lo comunicó a ninguno de los organismos encargados de su abono, disponiendo de su importe mediante reingresos en cajeros automáticos utilizando una tarjeta a nombre de su madre".
Para conseguir su propósito, "junto a la ocultación" del fallecimiento de su madre y durante "al menos" los siete años anteriores a 2011, el acusado imitó la firma de la finada en los 'controles de vivencia' y en las 'declaraciones de aptitud legal'.
COPIA DEL DNI
En este segundo caso, y al menos en los 2009, 2010 y 2011, el condenado acompañó a la declaración de vida de su madre una copia de su DNI y un folio en el que se recogía, junto con sus datos de identidad y domicilio, que su madre había sido atendida en un centro de salud por ictus cerebral, demencia senil e inmovilidad motriz, señalándose en el informe que el tratamiento había prescrito.
Además, al final del mismo constaba un sello del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta, mientras que en todos los documentos constaba además un sello de la Seguridad Social con una firma "en el que se hacía constar que se trataba de una fotocopia cotejada con su documento original y una fecha".
El tribunal considera probado, asimismo, que para la elaboración de estos documentos, el acusado utilizó un informe médico original de su madre, al que hizo fotocopia y en el que fue modificando las fechas, reflejando las que correspondían a cada año de renovación.
Asimismo, el imputado estampó en ellos el sello de cotejo de documentos de la Seguridad Social, al que podía acceder dada su condición de funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, "haciendo una rúbrica como si de un empleado de dicho organismo se tratara".
IMITABA LA FIRMA DE SU MADRE FALLECIDA
Todo ello "para hacer constar así que esos documentos eran fiel reproducción y copia de otros originales con idéntico contenido", procediendo después a enviarlos por fax desde la administración número 1, en la que trabajaba, a la entidad bancaria.
Por otro lado, para la percepción de la prestación del Ministerio de Hacienda, la persona habilitada recibía por correo esos mismos 'controles de vivencia' o 'declaraciones de aptitud legal' firmados por el acusado, "imitando la firma de su madre".
A su vista, la habilitada "emitía una certificación, dirigida al Ministerio, en la que hacía constar que la titular de la pensión seguía con vida, renovándose así el derecho a su percibo". Con base en la documentación así recibida, los organismos pagadores emitieron las correspondientes autorizaciones de pago.
La Audiencia señala que se han recuperado hasta 14.586,79 euros por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
