El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha mostrado este jueves su apoyo "absoluto" a los funcionarios que integran la comisión técnica que aclara, asesora e informa a la Mesa de Contratación, formada por personas --funcionarios públicos o no-- elegidas por libre designación, en el caso de la mina de Aznalcóllar y que, a su juicio, "la responsable única" en este asunto.
Así, ha explicado en un comunicado que la Mesa de Contratación que ha trabajado en el concurso público es quien realiza la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar y es, por tanto, "la responsable única".
Para asesorar a esta en cuestiones técnicas existe una comisión técnica encargada de aclararle, asesorarle o informarle sobre lo consultado, pero "no es vinculante para la Mesa de Contratación".
Dicha Mesa de Contratación ha estado constituida por personas (funcionarios públicos o no) elegidas por libre designación, tales como la directora General de Industria, Energía y Minas, el interventor y letrado en la Consejería o representantes de Hacienda, Minas y Medio Ambiente.
Por su parte, la comisión técnica ha estado formada por funcionarios públicos de Minas y Medio Ambiente y por una persona ajena a la función pública designada por Invercaria, "empresa puesta en entredicho ante los tribunales, con experiencia en valoraciones económicas y financieras, a pesar de la existencia de funcionarios que cumplen el perfil exigido".
El SAF ha señalado que las bases del concurso público y las prescripciones técnicas particulares de la adjudicación han sido elaboradas y publicitadas en el portal web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y han sido "con esas bases con las que ha trabajado la comisión técnica".
De esta meanera, el SAF ha querido informar a la opinión pública de que los funcionarios públicos que han integrado esta comisión técnica han trabajado con "un absoluto rigor técnico, independencia y libertad de decisión a la hora de establecer las puntuaciones derivadas del Anexo 1.4 (criterios de valoración) a cada una de las empresas participantes".
"No existe el más mínimo indicio ni argumento que sustente las declaraciones publicadas en prensa donde la presidenta en funciones de la Junta achaca la responsabilidad de estos funcionarios en cualquier actitud que favoreciese a ninguna de las dos empresas participantes", ha subrayado el sidicato.
SAF desconoce los motivos de denuncia penal de una de las dos empresas participantes pero, en cualquier caso, respeta cualquier decisión particular en este sentido y en todo momento reitera su apoyo a los funcionarios públicos designados para constituir esta comisión.
Además, ha censurado cualquier utilización de la figura del funcionario para solventar situaciones políticas, "máxime sin fundamentos probatorios", y apoya firmemente la investigación policial y judicial que se está llevando a cabo, que "a buen seguro determinará la responsabilidad, si la hubiere, de los hechos denunciados".
Por último, ha manifestado que "si todos los actos y los trámites de un expediente administrativo y el ejercicio de las potestades públicas se llevaran a cabo por un funcionario público, como establece la Ley del Procedimiento Administrativo y el EBEP, no habría que realizar este tipo de notas".
