El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha suspendido las órdenes de desalojo dictadas para este viernes, sobre tres inquilinos del número tres de la calle Macasta, en pleno casco histórico de Sevilla, a cuenta de la denuncia promovida en su contra por el presunto impago de sus rentas de alquiler. Uno de los afectados, por cierto, era Juan Bautista, el anciano de casi 80 años de edad cuya primera orden de desalojo ya fue suspendida el pasado 23 de septiembre por la citada instancia judicial.
Todas las viviendas del número 3 de la calle Macasta, según los afectados, pertenecen a un privado identificado como Ángel Abascal Jiménez, quien según exponen posee numerosas viviendas en el casco histórico de Sevilla, por ejemplo en las calles Cetina, Cervantes o Jesús del Gran Poder. Juan Bautista, de unos 80 de años de edad y una palpable fragilidad física, reside junto a su amigo Valentín en la vivienda de la planta baja del número 3 de la calle Macasta "desde hace 17 años", procedente por cierto de un inmueble de la calle Cetina también propiedad de Ángel Abascal, según su relato.
Mientras el propietario del edificio habría denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla el supuesto impago de las rentas de alquiler en el que habrían incurrido estos inquilinos; Juan Bautista, Valentín y Emilio, ellos argumentan que el casero "se niega a cobrar" las rentas de alquiler y cuando las ha cobrado "no daba los recibos" a sus inquilinos, porque todo era "de palabra". Juan Bautista, de nuevo, ha mostrado a los medios de comunicación su vivienda, en un estado deplorable, repleta de humedades, desprendimientos y hundimientos, con un mobiliario doméstico directamente vetusto, y junto a Valentín acusaba a su casero de "abandonar" la conservación del edificio, que presenta claras deficiencias.
PLAZAS EN UN CENTRO DE ACOGIDA
A cuenta de las tres órdenes de desalojo que pesaban sobre estas personas, el Ayuntamiento hispalense movilizó de nuevo a su Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies) y ha ofrecido a dos de los afectados la opción de contar con plazas en un centro de acogida de carácter público, estudiando para uno de ellos una plaza en una residencia atendiendo a su situación de exclusión social. El tercero de los afectados, según el Ayuntamiento, estaría siendo reacio al procedimiento de atención social municipal. Este último caso sería el de Emilio.
"Es el segundo intento de echarme", ha dicho a Europa Press Juan Bautista, quien admite que tarde o temprano, el desalojo "tiene que suceder". Juan Bautista valora la oferta del Ayuntamiento para alojarle "un mes y medio o dos meses" en un centro de acogida, explicando que sería la antesala a conseguir "una plaza concertada" en una "residencia de la Junta de Andalucía", si bien tal extremo implicaría su trasladado a "Huelva o Córdoba". "Yo me quiero quedar en Sevilla", ha dicho.
Valentín, de su lado, admitía que afronta "fatal" este conflicto. "Llevo dos días sin comer", ha asegurado explicando que habría pedido al Ayuntamiento acceso a una vivienda social y está intentando conseguir algún tipo de prestación por su situación socioeconómica. "A ver si nos tramitan un pisito o algo", se ha encogido de hombros.
SE SUSPENDE EL DESALOJO
Y como sucediera el pasado 23 de septiembre, tras unas dos horas de espera, los miembros y activistas de Participa Sevilla (Podemos) han anunciado que la orden de desalojo "ha sido suspendida" y que la comisión judicial no tenía intención de visitar el número tres de la calle Macasta, tras lo cual ha estallado en aplausos el nutrido grupo de personas que se había congregado frente al inmueble.
