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Sevilla

Ortiz ve "una barbaridad" paralizar la actividad económica del cangrejo rojo, que afecta a 300 familias

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La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha insistido este viernes en que sería "una barbaridad" que la actividad económica ligada al cangrejo rojo en el municipio sevillano de Isla Mayor se paralizara tras la sentencia del Tribunal Supremo y ha destacado que la prioridad es paralizar la ejecución de la misma.

   En declaraciones a los periodistas, Ortiz ha precisado que son cinco la empresas dedicadas a este crustáceo en la zona, del que se exporta el 80 por ciento y del que dependen 300 familias.

   "Hemos transmitido todo el apoyo del Consejo de Gobierno a las familias y al sector para que la actividad económica no se paralice", ha señalado la consejera, quien visitó este pasado jueves junto al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, el municipio de Isla Mayor para reunirse con los afectados.

   "Estamos viendo con el sector todas las posibilidades a nuestro alcance para que la sentencia no paralice esta actividad económica", ha indicado Ortiz, quien ha reiterado la petición al Gobierno central de que lleve a cabo, por la vía de urgencia, las modificaciones legales necesarias para paralizar la sentencia.

   Asimismo, la consejera ha señalado que los servicios jurídicos tanto de la Consejería que dirige como los de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio están estudiando la sentencia del Tribunal Supremo para conseguir su paralización.

   "Sólo sería para casos en circunstancias excepcionales, pero aquí las hay", ha apuntado Ortiz, quien también ha apuntado que los propios abogados de las empresas cangrejeras se reunirán próximamente con los letrados de la Administración andaluza para ahondar más en este asunto.

   De esta manera, ha afirmado con rotundidad que la Junta va a apoyar "todas las medidas factibles que se pongan sobre la mesa" y, en este sentido, ha precisado la posibilidad de recurrir la sentencia del Supremo al Tribunal Constitucional, ya que esto podría paralizar en sí la ejecución de la misma, punto que los servicios jurídicos están estudiando porque aportaría tiempo para realizar las modificaciones legales oportunas.

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