El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la moción planteada por el PSOE en la que se propone elaborar un protocolo de actuación contra la violencia laboral en el ámbito de los servicios
sociales del Ayuntamiento de Sevilla, con la participación activa
del Comité de Seguridad y Salud, un protocolo que será extendido al resto de servicios, al ser acordada una enmienda del PP en este sentido.

El concejal delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores (PSOE), ha incidido en que en los últimos tiempos el número de agresiones físicas, verbales y psicológicas a la plantilla cuando se presta servicios desde la Administración está "aumentando y eso genera situaciones de alarma".

Considera que el aumento de la vigilancia "no asegura que estas situaciones de agresiones desaparezcan" y liga ese aumento de agresiones a que hay más personas usuarias ante la situación de crisis actual "que lleva a momentos tensos". En este sentido, ha puesto en valor especialmente la labor desde asuntos sociales, que atendió a unas 30.000 familias en 2016 por parte de los servicios sociales comunitarios, mientras que recuerda que el Ayuntamiento ha destinado 72 millones para la atención de personas con necesidades.

Apuesta por "minimizar en lo posible" estas situaciones y por que los profesionales municipales tengan, ante esas situaciones "puntuales que pueden ser de tensión y pueden llegar a ser de violencia, normalmente verbal", protocolos de actuación que permitan que queden registradas esas situaciones, para contabilizarlas, analizarlas y saber cómo prevenirlas con los comités de riesgos laborales. Además, propone que, cuando se produzcan, sea la Administración la que haga la labor de defensa ante la denuncia de estos casos.

La edil del PP Dolores de Pablo-Blanco señala que este protocolo debe ser extensible a otras áreas y recoger cualquier tipo de violencia y factores, previniendo los conflictos, dando apoyo psicológico y apoyo legal si fuera necesario. "Hay que poner medidas disuasorias, con sanciones incluso de carácter administrativo, dando siempre apoyo a la víctima", subraya.

El concejal de Cs Javier Moyano señala que estos trabajadores "no tienen la culpa pero cargan con estas situaciones" y aboga por que ese protocolo se extienda igualmente a otras áreas. Propone hacer un diagnóstico, teniendo en cuenta que "tiene que haber orden y ley, pero también justicia", dejando clara la necesidad de los empleados estén protegidos y de que los ciudadanos tengan un servicio de calidad.

La concejal de Participa Cristina Honorato señala que "quien siembra pobreza, genera cólera, pero esa impotencia y esa rabia no llega a los políticos que ejercen su violencia institucional contra los ciudadanos, sino que al final la recogen los empleados públicos, que sirven de muro de contención". En este sentido exige "ir a la raíz" de estas situaciones, el aumento de medios y que se vaya hacia la intervención social superando el asistencialismo.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha considerado también que violencia "no es solo agresión física o moral sino determinadas condiciones laborales como cobrar menos de lo que pone el convenio, entre otros incumplimientos de éste", tal como señala que ocurre en las contratas que trabajan para el Ayuntamiento, así como "las colas" ante los servicios sociales. Recuerda la falta de personal de servicios sociales y advierte de que hay que "ir a la raíz del problema y no poner una tirita", a la par que apuesta por la recuperación de las políticas de prevención laboral.