La polémica vuelve a rodear la Casa Grande hispalense con otro desalojo, aunque en esta ocasión ha incluido a concejales de Participa Sevilla e IU, por lo que ambas formaciones han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de guardia, que a su vez también ha recibido los partes de lesiones de tres de los policías locales, dos oficiales y un agente, que participaron en el desalojo.

En esta ocasión ha sido una protesta de los exeventuales de Lipasam la que ha terminado en polémico desalojo. A primera hora, una quincena de miembros de este colectivo entraban en las dependencias municipales para reunirse con Participa e IU, y, una vez concluidas, decidieron realizar un acto sorpresa y ocuparon las escalinatas centrales, con la intención de realizar un “encierro”.

Con el antecedente del encierro frustrado la pasada semana de los profesores interinos de conservatorio, los ánimos se fueron caldeando entre los que defendían el derecho de los exeventuales a la protesta, los concejales que exigían poder atenderles sin restricciones y la orden que tenía la Policía Local de evitar otro encierro “ilegal” en la Casa Consistorial.

Tras una hora sin que se pudiera alcanzar un acuerdo y con cruces de llamadas que no calmaron los ánimos, los agentes de la Policía Local rodearon al grupo -que incluía a manifestantes, concejales de Participa e IU y trabajadores de ambos grupos-, haciendo una “melé” -en palabras de Susana Serrano, de Participa- y empujándolos a todos hacia el exterior del Ayuntamiento.

Brutalidad y ceses

Patadas, empujones y pisotones dominan en el relato de los concejales de Participa e IU, que aseguran “no dar crédito” a lo ocurrido, en un desalojo que consideran “brutal”, “intolerable” e “inadmisible”, culpando directamente al delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, cuyo cese inmediato piden al alcalde, Juan Espadas, “por higiene democrática”.

Especialmente críticos han sido con el hecho de que fueran concejales los que han sido expulsados del Ayuntamiento. “El delegado de Seguridad no puede impedir que los miembros de dos grupos municipales se reúnan con un colectivo en lucha y mucho menos mandar a la Policía a arremeter de manera violenta” contra ellos.

Este “atropello digno de un estado policial” es el que se han visto “en la obligación” de poner en conocimiento del juzgado de guardia y han anunciado que no descartan “adoptar próximamente otro tipo de medidas legales”, anunciando que han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad para analizar “exhaustivamente” lo sucedido, puesto que algunos de los desalojados aseguran haber visto a los agentes utilizar sus porras en la acción.

Agentes lesionados

Varias horas después de lo sucedido, el delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, emitía un comunicado en el que “lamentaba” el desalojo y defendía la actuación de la Policía Local, asegurando que era un “encierro ilegal”, que en varias ocasiones se les pidió que depusieran su “actitud hostil” y que incluso les invitaron a trasladarse hasta las dependencias de los grupos municipales, extremo que niega el portavoz de IU, Daniel González Rojas.

Lejos de atender la petición de cese que habían solicitado Participa e IU, Cabrera señalaba directamente a sus portavoces para que actuasen con “responsabilidad”, respetando las normas del Ayuntamiento. “No pueden violarse las normas de seguridad ni los controles de acceso, no puede alterarse el funcionamiento porque los concejales y las concejales nos debemos al conjunto de los sevillanos”.

Según fuentes municipales, en la acción resultaron lesionados tres de los policías locales que participaron en el desalojo, dos oficiales y un agente. Los partes médicos de los tres (arañazos, herida en brazo y torcedura de muñeca) han sido remitidos por el Fremap al juzgado y serán aportados este jueves a las diligencias que instruye la propia Policía Local.

Por su parte, el sindicato  SPPME-A ha manifestado su apoyo a la actuación policial “por proceder de manera limpia y utilizando la fuerza mínima” en el desalojo.

La clave: el conflicto laboral, a arbitraje

La reunión celebrada este miércoles ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) por el conflicto de los exeventuales contratados de forma intermitente entre 2013 y 2016 por Lipasam, que denuncian su “exclusión” de la solución adoptada para contrataciones temporales, ha concluido finalmente “sin avenencia”.

La reunión apenas ha durado diez minutos, toda vez que el comité de empresa no se ha adherido a las pretensiones de estos exempleados temporales de Lipasam, puesto que creen que el conflicto se cerró con la bolsa de 2013. El Sercla, por su parte, ha ofertado a las partes someter el asunto a arbitraje.