El salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este jueves una ceremonia, con motivo de la entrega por parte del Ministerio de Justicia de los documentos acreditativos de la declaración de "reparación y reconocimiento personal" aprobada respecto a 479 funcionarios y empleados municipales sancionados y "depurados" por motivos políticos después del alzamiento militar de 1936.
La ceremonia ha estado presidida por el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), y la consejera andaluza de Educación, Sonia Gaya, contando con la asistencia de familiares de estas personas y representantes de los colectivos y asociaciones de memoria histórica y democrática, toda vez que los citados reconocimientos están previstos en la vigente Ley de Memoria Histórica.
A tal efecto, recordemos que en abril de 2016, hace ya poco más de dos años, el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobaba por unanimidad una moción del PSOE destinada a reclamar al Ministerio de Justicia la expedición de la declaración de "reparación y reconocimiento personal" para los funcionarios y empleados municipales sancionados y "depurados" por motivos políticos después del alzamiento militar de 1936.
"CONDENADOS A LA MARGINACIÓN"
Y es que después de que el golpe de estado militar de 1936 triunfase en Sevilla de la mano del general Gonzalo Queipo de Llano, cuyos restos descansan en la basílica de la Macarena, la comisión gestora creada en el Ayuntamiento de Sevilla en sustitución de la corporación municipal democráticamente elegida emprendió acciones contra toda una serie de funcionarios o empleados municipales que "perdieron sus derechos y sus empleos y fueron condenados a la marginación y al reproche social", por el mero hecho de pertenecer a un sindicato o algún partido político o no secundar el alzamiento, según los socialistas.
Aunque ya en 2006 se acordó colgar un pergamino en la planta baja del Ayuntamiento, en contra de las represalias adoptadas por el régimen dictatorial contra "los alcaldes, funcionarios municipales y empleados del Ayuntamiento que defendieron la legalidad democrática", los socialistas recordaban que la Ley 2007 de Memoria Histórica declara "ilegítimas" las condenas y sanciones "políticas" impuestas durante la dictadura del general Francisco Franco.
Por ello, la moción aprobada entonces reclamaba al Ministerio de Justicia la expedición de la declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en la Ley de Memoria Histórica, para los funcionarios y empleados municipales "sancionados y depurados" por motivos políticos, extremo concedido por el departamento estatal de Rafael Catalá.
Una vez recibida la documentación de tales reconocimientos por parte del Ministerio de Justicia, mediante este acto tales documentos han sido entregados a los familiares que han asistido en nombre de los afectados, toda vez que la documentación será remitida por correo en el caso de las familias ausentes al acto.
