La Fiscalía ha mantenido su petición de 14 años de cárcel para dos agentes de la Policía Nacional acusados por un traficante de droga de detención ilegal, allanamiento de morada, falsedad documental y robo con violencia de 3.000 euros sustraidos en su domicilio cuando le arrestaron. El juicio, celebrado desde el pasado martes en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, ha concluido hoy con la presentación de los informes de las partes, en los que las defensas de los dos policías han pedido la libre absolución al negar los hechos éstos y el fiscal ha mantenido la solicitud de 14 a años de prisión para cada uno de ellos a raíz de los testimonios del denunciante, su madre y su hermana, por los delitos de allanamiento de morada, detención ilegal, falsedad documental y robo con violencia.

Los hechos sucedieron el 14 de febrero de 2014 cuando el denunciante, Jesús M.M.T., fue arrestado en su domicilio por ambos agentes, si bien la investigación se inició a raíz de la instrucción de una causa contra él por un delito contra la salud pública por la que el pasado julio fue condenado a dos años de cárcel y una multa de 908,8 euros al aplicarle las atenuantes de drogadicción y confesión.

En esa misma causa fue condenado a tres meses de inhabilitación por omisión del deber de perseguir el delito un agente de Policía que, según los dos denunciados, fue quien les dio información sobre una entrega de droga a realizar por Jesús M.M.T. por la que procedieron a su arresto.

Durante la investigación de esa causa en el Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla, el teléfono de Jesús M.M.T. fue pinchado y en una conversación relataba que un agente, E.M.C., cuya identidad había saltado a la luz por estar involucrado en un presunto robo de tabaco de contrabando en un establecimiento -un caso por el que estuvo suspendido y que aún se está instruyendo-, le había detenido ilegalmente en su casa hacía tiempo y le había robado 3.000 euros.

El juzgado dedujo testimonio por estos hechos y remitió la grabación a la Policía para su investigación por el grupo de Asuntos Internos, lo que provocó que la causa contra Jesús M.M.T. por la que fue detenido por los agentes E.M.C. y A.I.C.M. -en la que le fueron intervenidos 80 gramos de cocaína y por la que se enfrenta a cuatro años de cárcel- esté suspendida a la espera del resultado del juicio contra los dos policías.

Durante su declaración en el juicio el martes, los agentes defendieron su actuación al señalar que la operación fue "clara" y que la detención fue en la calle, según ha relatado el abogado que defiende a E.M.C., Simón Fernández Rebollo.

En los cuatro días de juicio han testificado el jefe de la brigada de los policías denunciados así como los agentes de asuntos internos que realizaron el informe, en el que tras tomar declaración al traficante de droga, a su madre y a su hermana, concluyeron que los policías realizaron una detención incorrecta, basada en que las horas de las actuaciones que realizaron esa noche no cuadran con su testimonio y en testigos que vieron a los policías el día de los hechos pasar por la calle donde vive Jesús M.M.T.

El letrado Simón Fernández ha destacado que no hay testigos de que entraran en el domicilio y que los partes personales de los policías ese día sí recogen la actuación realizada.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, que los agentes entraron en el domicilio de Jesús M.M.T. preguntando por él a su madre y aprehendieron 3.000 euros y 80 gramos de cocaína, si bien al llevarlo detenido a comisaría entregaron la droga incautada pero no refirieron nada del dinero.

En el juicio, el Ministerio Público ha mantenido si petición de pena de 14 años de prisión para ambos acusados: cuatro por allanamiento de morada (y 6.000 euros de multa), cinco por robo con violencia o intimidación a penado, cinco por falsedad documental y 12.000 euros de multa) y seis meses de multa a 20 euros diarios (3.600 euros) por detención ilegal.

Además reclama que entre ambos indemnicen al denunciante con 3.000 euros por la cantidad robada y 12.000 euros por daños morales.