El juez de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana tiene citado para este viernes como investigado al exdiputado nacional del PSOE y secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, por las subvenciones excepcionales de la Diputación provincial para la tradicional 'Pará' de la localidad aljarafeña de Gines, pues Pradas fue jefe de gabinete de la Presidencia de la Diputación.

En concreto, Pradas está llamado a comparecer a las 11,00 horas, en una tanda de citaciones en la que también figuran como investigados el exalcalde socialista de La Roda de Andalucía Manuel Silva por su papel como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación; Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia y José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad.

Ya el viernes de la semana pasada estaban llamados a comparecer como investigados el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos; los exdiputados provinciales de Hacienda Manuel González Lora y Manuel Domínguez: el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa; el interventor, Eduardo López; y el jefe de Intervención identificado como J.I.C.S..

No obstante, ese día finalmente sólo acudieron y prestaron declaración Rodríguez Villalobos, Fernando Fernández-Figueroa y Eduardo López a cuenta de problemas de agenda de los abogados de los restantes encausados. Ya esta semana, finalmente, los exdiputados de Hacienda Manuel González Lora y Manuel Domínguez han acudido al juzgado y se acogieron a su derecho a no declarar en ambos casos.

El juez instructor considera que desde la creación del evento de la Pará en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera y de las tradiciones promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas "sin regulación" ni "instrumento normativo alguno", advirtiendo en un auto recogido por Europa Press de que pese al carácter "planificable" del evento, el mismo ha contado con varias subvenciones "excepcionales" de la Diputación, es decir ayudas "directas sin concurrencia ni convocatoria pública".

Se trata, en concreto, de tres subvenciones por importe de 6.000 euros en cada uno de los casos, más otra más por valor de 4.000 euros, todas ellas concedidas de manera "directa, sin concurrencia ni convocatoria pública", a las que se suma una más concedida por "convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva".

"MECANISMO ARBITRARIO" DE AYUDAS

Así, y con relación a la Diputación, el juez atisba un supuesto "mecanismo arbitrario de concesión de las ayudas, prescindiendo de los principios y del procedimiento legalmente procedentes", pues tales subvenciones excepcionales para este evento anual y por ende "planificable" carecerían de documentación como la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa de la Presidencia declarando el carácter excepcional de la subvención, entre otros documentos.

"Dichas subvenciones habrían sido concedidas en contravención de los procedimientos y de los requisitos legalmente exigibles (según normativa estatal, autonómica, y de la propia Diputación Provincial), sin justificación del carácter excepcional de la correspondiente subvención y con omisión de presupuestos normativos esenciales para su otorgamiento", sostiene el juez instructor.

LAS RESOLUCIONES AL AÑO

A la hora de comparecer ante el juez, que considera que la concesión "directa" de las ayudas indagadas es fruto de "la sola voluntad" del presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos habría manifestado que firma unas 7.000 resoluciones al año respecto a la actividad de una institución cuyo presupuesto anual supera los 400 millones de euros, con lo que él no profundiza en cada uno de los expedientes, según habría explicado.

En ese sentido, se habría remitido a la tramitación administrativa de las subvenciones excepcionales indagadas, manifestando en paralelo su confianza en el equipo técnico de la Diputación, varios de cuyos altos funcionarios figuran también como investigados en esta causa judicial.

El secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa, quien declaraba igualmente como investigado, sí habría pormenorizado los expedientes correspondientes a las ayudas excepcionales de la Diputación para la Pará de Gines, defendiendo la legalidad de las mismas y justificando los trámites adoptados al respecto.