El juzgado que investiga al vigilante de Tarragona que disparó a sus excompañeros y a un mosso ha suspendido la eutanasia que se le iba a practicar el próximo 28 de julio, a la espera de que la Audiencia resuelva el recurso contra su decisión de autorizar la muerte asistida.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción ordena comunicar al Centro Hospitalario Penitenciario de Terrassa (Barcelona), donde está preso el acusado, que queda paralizado "todo el proceso de eutanasia" hasta que se resuelva el recurso de apelación.
El juzgado atiende así a la petición del sindicato policial USPAC, que lleva a los mossos heridos en el suceso y que ha recurrido ante la Audiencia de Tarragona la autorización de la eutanasia del recluso, alegando que sobre su derecho a una muerte digna prima el proceso penal que tiene abierto y el derecho de las víctimas a ser resarcidas.
El vigilante pidió la eutanasia por la lesión medular que padece a consecuencia de los disparos de los Mossos d'Esquadra, que el pasado mes de diciembre le tirotearon para reducirle cuando se atrincheró en una masía abandonada tras abrir fuego contra sus compañeros de la empresa de seguridad en que trabajaba.
El Hospital Penitenciario de Terrassa en el que se encuentra ingresado el vigilante, de 46 años, dio luz verde al proceso de muerte asistida del recluso, pero los mossos d'esquadra que ejercen la acusación particular en la causa se opusieron y pidieron al juzgado que paralizara la eutanasia.
No obstante, la jueza decidió autorizarla el pasado 6 de julio al entender que la muerte digna es un "derecho fundamental" y argumentando que la justicia no puede interferir en un proceso de muerte asistida.
El sindicato USPAC, a través de su abogado José Antonio Bitos, ha recurrido la resolución, en un escrito en el que también pide que el juzgado eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para aclarar si la ley de eutanasia puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las víctimas.
UPSAC solicita en ese recurso que se suspenda el proceso de muerte asistida -petición que la jueza ha estimado- y se prosiga con el procedimiento penal abierto contra el vigilante.
