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Lunes 03/06/2024  

Cádiz

El Gobierno y las CCAA del PP se cruzan acusaciones por los recortes educativos

El ministro Gabilondo pide a las comunidades autónomas que los ajustes financieros no afecten al número de profesores.

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  • Conferencia sectorial. -
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha atribuido a la "agitación preelectoral" que las CCAA que gobierna el PP, con las que se reunió este martes, lo hayan acusado por la mañana de "recortar" este año en educación no universitaria, al término de la última conferencia sectorial de la legislatura.

En rueda de prensa posterior, el ministro ha vuelto a pedir a las CCAA, de forma genérica, que los ajustes financieros de las administraciones públicas no afecten al número de profesores ni incidan en los programas educativos.

En caso contrario, los objetivos educativos españoles "se resentirán", ha advertido.

Ha defendido que hay muchas más vías que "echar gente" cuando las administraciones quieren aplicar ajustes, como racionalizar el gasto o compartir estrategias y programas territorialmente.

"En mi política no sobran profesores", ha dicho el ministro, quien no ha querido llamar la "atención" a ninguna comunidad por esta cuestión, ha señalado. Eso, ha dicho, les corresponde a los "ciudadanos".

El ministro ha insistido en que la educación es "indispensable" para superar la crisis de modo adecuado, y el acuerdo y el consenso son el camino para ello.

Ha asegurado que no quiere interferir en políticas autonómicas, pero "no es procedente recortar en educación", ha reiterado.

Los docentes están movilizados en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, donde gobierna el PP, por el aumento del horario lectivo del profesorado funcionario, pues esto supone, según los sindicatos, menos tiempo y recursos para tutorías, preparación de clases o desdobles y prescindir de miles de interinos.

Las CCAA que gobierna el PP, por su parte, han asegurado que el Ejecutivo central ha reducido un 23 por ciento en educación no universitaria las partidas presupuestarias en el último año y han lamentado que, a pesar de ello, se intente hacer "demagogia" y un "uso partidista" por el conflicto del profesorado.

En representación de esas comunidades, el consejero gallego, Jesús Vázquez, ha denunciado en declaraciones a la prensa que se hayan "perdido" ocho años en materia educativa, con "recortes" que han llevado a tener un elevado índice de abandono escolar dentro del sistema educativo español.

Vázquez ha llamado la atención sobre el "elevado fracaso escolar" que existe y, en concreto, se ha referido a que mientras en Europa ha disminuido en más de 3,5 puntos en la última década, en España el diferencial ha sido solo del 0,7, ha asegurado.

"Por eso creemos que quedan muchos temas pendientes de resolver", ha comentado el consejero, antes de insistir en que el Gobierno no ha dado respuesta al problema del bachillerato y de la secundaria, y en que tampoco se ha apostado por la Formación Profesional ni ha apostado por el profesorado.

Preguntado sobre si las comunidades del PP van a llevar a cabo recortes en materia educativa, Vázquez ha dicho que se está utilizando "tendenciosamente" el tema y que éstas están actuando, por encima de todo, con criterios de eficiencia.

El ministro, a su vez, se ha remitido a los datos públicos y los presupuestos para negar la acusación de recorte, al margen de algún "esfuerzo" en gasto corriente.

"No se ha hecho el más mínimo recorte en ninguno de los programas educativos y hemos aumentado en becas un 3,5 por ciento", ha insistido el ministro.

Ha retado a que le digan en qué programa se ha recortado y no ha querido entrar en polémica con las comunidades, a las que ha agradecido su colaboración durante estos años.

"No quiero convertir este espacio (el Ministerio) tan importante en un espacio de debate electoral", ha rematado.

Preguntado sobre la necesidad de una "nueva" ley de educación, como han apuntado esas comunidades, el ministro se ha mostrado partidario de la estabilidad normativa.

El cualquier, caso, para su éxito, esa norma nueva necesitaría el consenso y acuerdo de la comunidad educativa, fuerzas políticas, agentes sociales y administraciones, ha señalado.

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