El PSOE ha pedido en un comunicado de prensa la dimisión de la alcaldesa, Eva Corrales, y del primer teniente de alcalde Lorenzo Sánchez conocerse su imputación por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Desde el PSOE de Rota, de quien partió la denuncia, se quiere hacer pública su "preocupación" por estos hechos que van a derivar en un proceso judicial, y han explicado los pasos que han dado y que han derivado en la denuncia por parte de la Fiscalía.
Hace unos meses, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Rota ponía en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción diversos convenios urbanísticos que el propio Ayuntamiento había formalizado entre los años 2009 y 2010 con una entidad mercantil de la localidad dedicada a la promoción de obras de urbanización y construcción, y que "se entendían que vulneraban las leyes y que eran contrarios a los intereses municipales".
Dicha denuncia ha sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía contra la corrupción de Cádiz, dando como resultado una denuncia por parte del Fiscal al ver indicios suficientes de que a la hora de aprobar dichos convenios "se ha incurrido en un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, toda vez que el Ayuntamiento presuntamente ha destinado fondos públicos para realizar obras privadas".
"La incoación del proceso en los Juzgados de Rota ha puesto de manifiesto que el Juez ha visto indicios de la existencia de los delitos denunciados por el Fiscal anticorrupción, y ha incoado Diligencias Previas para el esclarecimiento de los hechos, habiéndose imputado a los denunciados, es decir, a la alcaldesa de Rota y al exalcalde, actual primer teniente de acalde", explican desde el PSOE en su comunicado.
Desde el PSOE de Rota se quiere trasladar que estas "actuaciones irregulares" en la firma de dichos convenios urbanísticos, "supondrán un grave perjuicio al Ayuntamiento de Rota, como ya se había venido denunciando a nivel político por los concejales de este partido en los últimos años, habiendo llevado incluso a un Pleno propuestas censurando estas prácticas".
"Agotadas las vías políticas, y como es su deber como partido de la Oposición, el Grupo socialista se ha visto obligado a poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, lo que lamentablemente ha derivado en este proceso judicial", manifiestan.
