El Ministerio Fiscal mantiene íntegramente las acusaciones contra los 20 imputados por el 'caso Uniformes', considerando que el exalcalde de Rota Lorenzo Sánchez (RRUU) era "el máximo responsable y cabeza pensante" de una "estructura piramidal" supuestamente diseñada en el Ayuntamiento para beneficiar, mediante "adjudicaciones absolutamente ilegales", a empresas en las que él y otros miembros de la Corporación tenían intereses.
Así lo ha manifestado el fiscal en la exposición de su informe final durante el juicio, que se celebra desde el pasado día 17 en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz y que este martes quedará visto para sentencia.
Según la Fiscalía, la exconcejal de RRUU Montemayor Laynez era su "mano derecha" y otros ediles también acusados eran los "brazos ejecutores" que habrían permitido un beneficio de "unos 800.000 euros" a las empresas de su entorno desde el año 2004.
Como se recordará, entre los imputados figuran la también exalcaldesa del PP Eva Corrales; el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña (PP) --era edil en el momento de los hechos que se investigan--.
Completan la lista diez funcionarios municipales y antiguos miembros de los sucesivos equipos de gobierno de PP y RRUU, así como las esposas de Lorenzo Sánchez y del exedil del PP Ismael Puyana --quienes, según la Fiscalía, figuraban como titulares de la empresa Pacheco Puyana para burlar la prohibición de contratar de sus maridos con el Ayuntamiento, si bien ellos eran los verdaderos propietarios, dándose la circunstancia de que están casados en régimen de gananciales--.
Ha incidido la Fiscalía en que Isidro Martín Bejarano era el "hombre de paja" de Lorenzo Sánchez para "campar a sus anchas" y en que tampoco habría sido posible la comisión del ilícito sin la colaboración "por omisión" del secretario del Ayuntamiento, del jefe del Departamento de Compras, los responsables de las sociedades mercantiles municipales que también contrataban con las empresas relacionadas con el alcalde, los miembros de las mesas de contratación que dieron su visto bueno y de los ediles que aprobaron adjudicaciones en Junta de Gobierno o emitieron vales de compra con dichas empresas.
El fiscal ha sostenido que todos eran "conscientes de la prohibición de contratar" con las empresas en cuestión, que son la sociedad cooperativa Coanda --dedicada a la confección de vestuario laboral--, la distribuidora Epis Rotasur y Coanda Costuras, "empresa pantalla" esta última que vino a sustituir a las dos anteriores para "burlar la prohibición de contratar" con el Ayuntamiento al endurecerse las condiciones con la entrada en vigor el 30 de abril de 2008 de la Ley de contratación del sector público.
En este sentido, ha llamado la atención sobre la "casualidad" de que todos se pusieran de acuerdo en dejar de contratar con Coanda y Epis Rotasur y comenzaran a hacerlo con Coanda Costuras, lo que atribuye a una "orden desde arriba" del propio Lorenzo Sánchez.
Ha destacado que Epis Rotasur era la única proveedora de Coanda Costuras, y que el cliente principal de esta última era el Ayuntamiento, procediendo de la Administración local "el 99 por ciento de su facturación", con lo que ha estado "viviendo y nutriéndose del Ayuntamiento". Asimismo, ha aludido a los "traspasos continuos" de dinero entre las mencionadas sociedades.
En relación al traspaso de participaciones al "hombre de paja" de Sánchez por parte de la esposa de éste en 2006, ha resaltado el hecho de que ese traspaso no se elevó a escritura pública hasta el año 2009, con lo que entiende que también existe un delito de falsedad.
El fiscal ha detallado los distintos procedimientos por los que se adjudicaba de manera "plenamente ilegal" y se realizaban compras a las mencionadas empresas, aludiendo a cuestiones como las ausencias de determinados acusados en las Juntas de Gobierno Local para las adjudicaciones y destacando que "todos tenían conocimiento" de la prohibición de contratar con el Ayuntamiento, entre otras cuestiones porque el asunto estaba judicializado desde 2012 y se siguieron produciendo adjudicaciones en los años 2013 y 2014.
También ha incidido en esta línea la acusación popular --que ejerce el PSOE--, que ha aludido a las advertencias del secretario del Ayuntamiento o al hecho de que todos contaban con el "manual del concejal" que se entrega al inicio de cada mandato.
Ha resaltado las "gravísimas contradicciones" en las que habría incurrido durante el juicio Lorenzo Sánchez en relación a lo declarado en la fase de instrucción". Asimismo, ha coincidido con la Fiscalía en que "todo estaba perfectamente orquestado", si bien su acusación no se dirige contra los empleados municipales que participaron en las mesas de contratación, a los que considera "más víctimas que autores de los hechos". Cabe señalar también que en la anterior sesión del juicio retiró la acusación contra el secretario general del Ayuntamiento.
LAS DEFENSAS
En la sesión de este lunes también han presentado sus informes finales algunas de las defensas, que han reprochado a la acusación su "desconocimiento" del funcionamiento de la Administración local, del funcionamiento de las pequeñas empresas y han solicitado la libre absolución de sus patrocinados.
Manuel Hortas --que defiende a Eva Corrales, Antonio Peña, Montemayor Laynez, Isidro Martín Bejarano, Ismael Puyana y a su esposa, entre otros acusados--, ha destacado que la acusación no ha tenido en cuenta "el principio de buena fe y confianza mutua entre los miembros del equipo de gobierno", achacándole una pretensión de que éstos estén instalados un una "desconfianza perpetua".
En su opinión, a sus clientes se les imputa simplemente el hecho de saber, supuestamente, que determinadas empresas no podían contratar con el Ayuntamiento. Sin embargo, la "única referencia con cierta claridad" al respecto son "los vales de pequeñas facturas" en los que aparecían teléfonos o direcciones coincidentes de las empresas, apostillando que "por ello entiende el fiscal que todo son tapaderas para contratar con empresas de Lorenzo Sánchez".
Ha argumentado la dificultad de que muchos de los acusados pudieran conocer hasta qué punto tenían responsabilidad en las empresas algunos de los procesados, refiriéndose también a lo "farragoso" e interpretaciones contradictorias del propio consejo consultivo de las normas que regulan las incompatibilidades y prohibiciones de contratar.
Asimismo, ha cuestionado que la acusación presente a Isidro Martín Bejarano como una persona "incapacitada para llevar una empresa" para situarlo como testaferro de Sánchez. En cuanto a Montemayor Laynez, ha dicho que no era administradora de las sociedades --requisito que, según ha dicho, supondría incompatibilidad-- y ha atribuido a una cuestión de "amistad" o "humanidad" cualquier gestión que haya podido hacer "en auxilio" de Martín Bejarano o la esposa de Sánchez.
Entre otras cuestiones, ha destacado que no hay en la causa "ningún informe justificado" que acredite la prohibición de contratar con estas empresas y ha cuestionado el rigor de las pruebas de la acusación para demostrar los ilícitos que atribuye a sus patrocinados.
Asimismo, ha defendido que en todo momento "han actuado en la absoluta convicción de que se cumplía la ley" --como ha apuntado que se demuestra con las ausencias en las votaciones en Junta de Gobierno Local "por indicación del secretario"--, aseverando que en ningún caso se ha pretendido "transgredir la norma de forma clara, burda y flagrante" como sostiene la acusación.
El juicio se retomará este martes con la exposición de los informes finales del resto de defensas, quedando así visto para sentencia.
