El pleno del Congreso ha dado el primer paso para aprobar una ley que reconozca e investigue el robo de bebés en el franquismo y los primeros años de la democracia, entre duros reproches de la mayoría de la Cámara a Vox por negar la existencia de una trama de bebés robados que tilda de "invento".
Con 296 a favor, 54 en contra y ninguna abstención, la Cámara Baja ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de bebés robados, impulsada por la sociedad civil que ya consiguió que el Congreso admitiera a trámite esta propuesta en 2018, pero que decayó por la convocatoria de elecciones.
En aquella ocasión lo hizo por unanimidad, pero hoy Vox se ha desmarcado por ser, según ha dicho este partido, "una campaña de propaganda" liderada por medios de comunicación de izquierdas para "sentar al franquismo en el banquillo", cuando "la realidad es que no hay nada", es decir, "no se robaron niños en ninguna trama por parte de ningún régimen".
Vox se ha limitado a decir que "hay tráfico de menores en todas las épocas en el mundo" y ha negado la existencia de una red en el franquismo.
Una posición contra la que han arremetido duramente la mayoría de los grupos, que han recalcado que ha sido "una de las intervenciones más vergonzosas" de la legislatura por ser de "una crueldad impresionante", en la que "solo les ha faltado justificar el robo de bebés", porque "el drama y el problema ha existido y seguirá existiendo", pese al "negacionismo" del que Vox presume.
Además, han manifestado que esta "tragedia" tiene "unas proporciones descomunales" que oscilan entre los 30.000 bebes robados a los que alude un auto de la Audiencia Nacional hasta los 300.000 de las asociaciones, que claman por tener una ley que busque la verdad, la justicia, la reparación y la investigación de "una de las páginas más negras del franquismo y de su epílogo en la democracia", como la han calificado varios grupos.
El PSOE, en su defensa de la propuesta, promovida por la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo y respaldada por 17 asociaciones de bebés robados, ha destacado que la norma declara el robo de bebés como un "crimen de lesa humanidad" para que "no prescriban" los delitos y "haya sujetos obligados a que abran archivos y cajas donde figuran quiénes fueron los autores y quiénes lo llevaron a cabo".
También Unidas Podemos ha recordado que hay personas que llevan "años de juzgado en juzgado intentando que se haga justicia" y espera que "no hayan escuchado el discurso" de Vox, en su opinión el "más vergonzante que han hecho" en el hemiciclo.
La tramitación de la ley saldrá adelante con el apoyo del PP, que en su discurso ha sacado pecho de las medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para solucionar un "asunto muy grave" y al que hay que dar una solución definitiva y real, "ya que no debe existir mayor dolor que la separación forzosa de una madre y su hijo".
Los populares han abogado por no utilizar este problema con fines partidistas ni propagandísticos, al igual que previamente ha hecho Ciudadanos, que ha alzado la voz contra las "prácticas ilegales, ilegitimas e inhumanas" que protagonizaron "uno de los episodios mas desagradables de la historia de nuestro país" y que ERC ha detallado como "una red entre hospitales, iglesias e instituciones que simplemente daban a quienes podían pagar los niños que querían".
A este respecto, el PNV ha advertido de "las dificultades de las víctimas para acceder a los archivos e historias clínicas" y del uso de la prescripción que hacen los tribunales de este "drama", que para JxCat es de tal magnitud que les "cuesta comprender que esta norma no se apruebe por unanimidad sino por asentimiento con un gran aplauso".
Pero no ha sucedido ni una cosa ni la otra por el no de Vox, que en sus intervenciones, en las que ha desviado parte del debate hacia el aborto, los niños asesinados por ETA y la gestación subrogada, ha dicho que esta "trama" resulta "muy tentadora para la izquierda" para así "imponer su visión de la historia como un dogma de fe", cuando esa es una labor que corresponde a "los historiadores".
El texto de la iniciativa incluye medidas como la creación de una fiscalía especializada, la apertura de archivos, que las pruebas de ADN y las exhumaciones sean gratuitas y que se creen un banco de ADN y un censo únicos.
Y solicita que se ponga en marcha una Comisión por el derecho a la identidad y que las víctimas puedan acceder a la justicia gratuita y dispongan de apoyo y mediación psicológica y médica.
