La investigación privada que desarrollan los detectives es una actividad reglada ejercida en Andalucía desde el siglo XIX. La Junta anunció que abre la puerta a la creación del primer Colegio de Detectives de Andalucía, gracias al Decreto de Simplificación Administrativa aprobado en febrero de este año. Con esta iniciativa, la comunidad se sumaría a Cataluña, Galicia y Valencia, donde ya existen colegios desde hace años. Se trata de una propuesta apoyada en Arcos y la Sierra de Cádiz desde la agencia de detectives que dirige el conocido abogado Antonio García-Berbel, que no solo se refiere a este hecho en favor de la investigación, sino, además, a la profesión en sí, ciertamente desconocida.
El detective es un profesional con formación especializada y habilitado por la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior. Para ejercer es preciso cumplir unos requisitos, entre ellos, tener un título universitario de grado, o bien, el título del curso de investigación privada reconocido por el Ministerio. De inicio, ¿hasta qué punto la investigación privada es una actividad demandada por la sociedad?
–La eficacia de la investigación privada se justifica por su utilidad y su necesidad. Nuestros trabajos aportan seguridad jurídica y económica. En ocasiones, un informe de investigación es la prueba fundamental que aclara o resuelve un litigio; y, en el ámbito más específico al que nosotros nos dedicamos -que es el económico y mercantil-la información sirve a las empresas para tomar decisiones acertadas, de calidad. Una empresa que tiene información adecuada, y sabe gestionarla, afronta sus objetivos con mayor rigor.
En España hay pocas agencias de investigación (alrededor de 1200) y una gran demanda de trabajo. La globalización y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías nos han hecho entender a todos que nunca se debe invertir un euro, ni firmar un contrato, con una empresa o un tercero al que no se conozca muy bien. Los fraudes se evitan estando bien informados; y los negocios llegan a buen puerto recibiendo los consejos adecuados.
En su caso, ¿cómo surge montar una agenda de detectives en un territorio como la Sierra?
–La agencia es un instrumento que complementa el despacho de abogados. Un proyecto más. Desde el 2015 nos dedicamos al compliance (implementación en organizaciones de Planes de Cumplimiento Normativo, Sistemas Internos de Información, etc.). La decisión de la agencia surgió en 2020, en plena pandemia, aprovechando que yo tenía la habilitación de detective. Nació como un servicio complementario o auxiliar a ese ámbito de la actividad jurídica. ¿Por qué en la Sierra de Cádiz? Porque estratégicamente esta zona es privilegiada, con muchas posibilidades. Las comunicaciones con Cádiz, Sevilla y Málaga son buenas, y en ese triángulo la actividad económica y las inversiones extranjeras están creciendo exponencialmente.
¿Qué asuntos se investigan con más frecuencia?
–Investigamos asuntos relacionados con el ámbito mercantil, patrimonial y financiero. Algunos tienen por objeto verificar incumplimientos y fraudes de todo tipo. Por otro lado, hemos sido pioneros en la elaboración de informes para empresas que quieren obtener nuestra “acreditación de empresa confiable”. Las “empresas confiables” son las que se someten a una evaluación (una especie de “ITV”) que las certifica como “sanas” jurídica y económicamente, y aptas para contratar con ellas sin riesgos de incumplimientos. Esta iniciativa también surgió durante la pandemia del 2020, como un servicio propio y específico de nuestra agencia. Ha tenido muy buena acogida tanto en empresas locales como en toda Andalucía. Evaluamos con una metodología objetiva y rigurosa el nivel de cumplimiento normativo y buen gobierno de las empresas que nos lo piden. Las que superan los controles son acreditadas como “empresas confiables”. Así les ayudamos a que el mercado conozca ese valor añadido que tienen de solvencia y fiabilidad.
Otros asuntos que investigamos son los fraudes comunicados a organizaciones o empresas a través de sus canales de denuncias. Las investigaciones más recientes fueron sobre irregularidades cometidas por gerentes o mandos intermedios.
A propósito de los canales de denuncias anónimos y confidenciales, llama la atención que hay ayuntamientos que no los tienen, y están obligados a implementarlos.
¿Puede un detective investigar un delito de naturaleza pública?
–La investigación privada, como todas las profesiones, tiene límites legales y deontológicos. Hay unas normas anacrónicas, desajustadas a la realidad. Creo que no hay razones sólidas -fuera de esa legislación obsoleta y superada- para vedar a los detectives la investigación de delitos de naturaleza pública. En el año 2023 entró en vigor la Ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En mi opinión, una ley con una deficiente técnica legislativa obliga a empresas y administraciones a tener un canal de denuncias, y atribuye funciones de investigación -sin ningún control- a unas nuevas figuras que son los “gestores” y los “responsables” de los canales de denuncias. Al legislador se olvidó de que para eso ya existían los investigadores privados. Por tanto, a día de hoy, es un sinsentido prohibir a los detectives que investiguen delitos de naturaleza pública. Supone privar a la sociedad de un servicio esencial, para el que los detectives tienen una excelente preparación.
Posiblemente, más de una persona se esté preguntando cuánto cuesta el servicio de su agencia, aunque suponemos que será según la investigación y los trámites que se precisen.
–El coste de los trabajos de investigación privada no es elevado. Hay que tener en cuenta el valor que aporta la información y los riesgos que evita a las personas o empresas que contratan. Quizás con un ejemplo se entiende mejor. Hace unos meses, una empresa interesada en la venta de inmuebles fue contactada por un supuesto inversor. Ambas partes firmaron unos acuerdos previos a la firma de la compra. Ya con los documentos firmados, nos encargaron una averiguación patrimonial sobre ese inversor. El resultado no fue muy halagüeño. Todo apuntaba a una estafa, con una operación abocada al fracaso y a un gran pleito. Nuestro informe ahorró un gran disgusto y unos cuantos millones, porque finalmente ambas partes desistieron de seguir adelante en el trato. A la hora de presupuestar un encargo tenemos en cuenta cuatro criterios: la complejidad del asunto, la dedicación de tiempo, la preparación de los profesionales para ejecutarlo y el interés económico en juego.
¿Cómo funciona su agencia, qué protocolos sigue y cuál es su equipo profesional?
–La agencia funciona con absoluta discreción y protocolos muy estrictos. Los clientes suelen ser empresas o personas precavidas que necesitan información útil para un negocio, un contrato o una inversión. Somos muy rigurosos para aceptar encargos. No todas las personas tienen derecho a obtener la información que quieren. Los clientes deben justificar por qué y para qué necesitan la información. Estudiamos con lupa la licitud y legitimidad de cada propuesta. Una vez hechas esas comprobaciones, acordamos el trabajo firmando un contrato. El encargo queda registrado en un libro que se custodia con la máxima confidencialidad (como el protocolo de un notario). Una vez ejecutado el encargo y terminada la investigación, el cliente recibe su informe.
La parte más delicada e importante de una investigación es su diseño. Procuramos dar los pasos adecuados respetando siempre la legalidad vigente, evitamos errores de cálculo, o actuaciones que puedan poner en entredicho el trabajo. El equipo de trabajo lo compone un equipo muy sólido. Hay juristas, analistas financieros, expertos contables y profesionales de la informática forense.
A tenor de la posibilidad de crear el primer Colegio de Detectives Privados de Andalucía, ¿diría que este sector está respaldado como otros desde las administraciones públicas? De hecho, tenemos entendido que solo Andalucía aglutina el 25 por ciento de los profesionales de todo el país, que rondan los 1.200.
–Creo que la investigación privada, como profesión jurídica, tiene un gran respaldo y consideración en la Administración de Justicia; también, en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Cada vez hay más voces autorizadas que claman por una regulación clara y eficiente del sector.
Un colegio profesional que funcione bien ayudará a canalizar propuestas o acuerdos con los Poderes Públicos y otras organizaciones para mejorar y actualizar la profesión. Un colegio profesional es garantía para los clientes de las agencias de investigación de que recibirán un servicio de calidad que cumpla con sus expectativas.
Muchas gracias por sus respuestas y por dar a conocer el trabajo de una agencia de detectives.
