El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) ha concluido la instrucción del 'caso Rocket', en el que han sido investigadas 17 personas, entre ellas, la exalcaldesa de dicho municipio María Luisa Ruiz (PSOE) por supuesto fraude en parte de la gestión de ayudas por 12,5 millones de euros de los fondos Miner que iban destinados a recuperar la comarca minera del norte de la provincia.
En concreto, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha adelantado el diario 'ABC', con fecha 26 de octubre de este año, el titular del juzgado ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado respecto a cuatro personas investigadas en la causa.
Así, el auto se dirige contra una persona investigada por la supuesta comisión de delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, fraude de subvenciones y falsedad ideológica por funcionario público.
La segunda persona a la que se dirige el auto está investigada por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, intrusismo, fraude y exacciones ilegales. La resolución se dirige igualmente contra otras dos personas investigadas por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, fraude y exacciones ilegales.
En el mismo auto, el Juzgado da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que presenten escrito de acusación, soliciten el sobreseimiento de la causa o piden la práctica de diligencias complementarias.
Al respecto, las fuentes judiciales destacan que el auto judicial no es firme y ha sido recurrido por varias defensas. Además, el Juzgado de Peñarroya ya dictó un auto previo en el que acordó el sobreseimiento de la causa respecto a otros 13 investigados.
En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo ha investigado esta causa durante más de siete años haciendo frente a la falta de medios para un caso de estas dimensiones y que llevó a la petición de refuerzos a la Junta de Andalucía para digitalizar la investigación y hacerla manejable.
Entre los investigados --incluidos dos empresarios detenidos además de la propia exalcaldesa de Peñarroya-- en un primer momento por la Guardia Civil el panorama ha ido cambiando a lo largo de la instrucción judicial. Los últimos tres jueces, de los ocho que han pasado en este tiempo por este órgano judicial, han dado un impulso a la causa junto con la Fiscalía de Córdoba, concentrando además la declaración de empresarios, proveedores, testigos, peritos y los propios investigados para depurar posibles responsabilidades.
El 'modus operandi' de la cúpula municipal y los empresarios consistía supuestamente en beneficiarse de los fondos europeos Miner engordando facturas en proyectos como la rehabilitación del tren del carbón a las viejas instalaciones mineras, en un proceso de musealización que ha quedado varado.
