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Ronda

Granero denuncia a una concejal que formó parte de su Gobierno por fraude, falsedad y malversación

El alcalde de Cortes pide la imputación de Juana María Blanco, del PA, porque presuntamente solicitó una factura a una empresa para unos trabajos que no se realizaron

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  • Antonio Granero, alcalde de Cortes -

El alcalde de Cortes de la Frontera, el ex andalucista Antonio Granero, ha presentado una denuncia en los juzgados de Ronda contra una de sus ex concejalas en el Gobierno de la localidad, que fue destituida de sus cargos el verano pasado. La denuncia habla de presuntos delitos de falsedad en documento público, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

La demanda, presentada esta semana pasada, refiere que la concejal del PA Juana María Blanco Montedeoca, teniendo competencias de Gobierno cuando se produjeron los supuestos hechos ilícitos, solicitó a una empresa una factura para unos trabajos que, según el alcalde, no se llegaron a realizar, destinándose al parecer el dinero a “otros trabajos de la misma empresa que estaban sujetos a subvención”.

En el escrito de Granero ante el juzgado, al que ha tenido acceso RONDA SEMANAL, se relata cómo con fecha de 30 de junio de 2014 la concejal pidió la factura a la empresa en cuestión, por valor de 11.712,80 euros, correspondiéndose 9.680 con el principal de la factura y, el resto, 2.032,80 euros, al IVA. En la factura se indicaba que el montante correspondía a unas mejoras en la piscina municipal que “nunca se realizaron”. La factura, que llegó a la Junta de Gobierno Local, no se aprobó en ese órgano municipal; la empresa acabó solicitando el IVA al Consistorio.


“La instrucción deberá determinar el destino o uso que de la mencionada factura se realizó por la denunciada”; reza el escrito de denuncia, que añade que los trabajos en cuestión pudieron confundirse “conscientemente”.

Por ello, el regidor cree que “nos encontramos ante una falsedad en documento público y fraude a la administración”, hablando Granero de un “abusivo y arbitrario uso de sus funciones” por parte de la concejal.

El alcalde pide la apertura de diligencias previas, reclamando la declaración como imputada de la ex concejal, y del responsable de la empresa que facturó y de algunos funcionarios municipales como testigos.

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